Durante el fin de semana hubo mucha atención al proyecto de ley de trata de personas. La pieza legislativa se encontraba depositada en el Congreso para su revisión, sin embargo, la noche del domingo, el gobierno anunció que la retiraría para reintroducirla con algunos cambios.

En torno a esta cuestión hay varios puntos que conviene revisar. El primero, y quizás el más preocupante, tiene que ver con los argumentos de peligro a la soberanía. Desde hace años, en la República Dominicana hay una parte de la clase política que juega al caos, sobre la promoción de tergiversaciones. Obviando el significado de los conceptos vinculados a la protección de los derechos de todas las personas y del cumplimiento de los acuerdos internacionales. Promueven actitudes de odio bajo una falsa amenaza a la soberanía nacional.

Lo segundo es que llama poderosamente a la atención que, aún con los datos disponibles y con lo que significa la trata de personas, todavía haya quien celebre que en el Congreso de la República no se esté debatiendo cómo proteger a las víctimas. Una vez más, los grupos más recalcitrantes del país defienden unos valores que no tienen en el centro ni el bienestar ni la dignidad de las personas.

Y, en tercer lugar, considero que es pertinente evaluar cuál es la conducta recurrente del país ante la comunidad internacional. Esta es especialmente relevante en momentos en que tanto figuras de la oposición como del oficialismo coinciden en la necesidad de que los organismos multilaterales acudan en auxilio de Haití.

Antes de pasar a desglosar toda esta parte, conviene saber qué es lo que se busca con el Proyecto de Ley sobre Trata de Personas. Dicho del modo más resumido, la pieza aspira a consolidar un marco de protección para las víctimas de redes de tráfico, sean migrantes o no.

Por eso, cuando veo a una persona oponiéndose a que se impulsen controles efectivos contra esta actividad delictiva, me pregunto cuál será la disposición de estos políticos a combatir el crimen organizado. Porque, si atacar las redes de tráfico agrede la soberanía nacional, entonces el ideal es defender la violación de derecho, el tráfico sexual de menores de edad y el enriquecimiento ilícito, en base a secuestro y otras formas de tortura modernas.

En cuanto a la parte de la soberanía, la pieza contempla que los inmigrantes ilegales no se beneficien de una cantidad de servicios sociales. En cambio, sí tiene contemplado dar unas garantías mínimas a quienes hayan sido víctimas de redes de tráfico.

Lo curioso es que esta medida se aplica por igual en prácticamente todos los estados de derecho con los que la República Dominicana tiene relaciones diplomáticas. Porque en este caso puntual, no se trata de que un individuo atravesó una frontera por su propio pie, buscando mejoría, sino que fue llevado a suelo extranjero contra su voluntad.

Y en un momento en el que el sector turismo del país está creciendo a toda velocidad y que se adoptan medidas para estrechar lazos internacionales, la pieza legislativa es fundamental. Por un lado, porque de acuerdo con el informe sobre trata de personas hecho por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2022, la República Dominicana es uno de los principales destinos para el turismo sexual, principalmente con niños, niñas y adolescentes.

En segundo lugar, porque, en la medida que los controles son laxos y se crean paraísos de corrupción, se alejan algunas oportunidades de inversión a gran escala. Es decir, incluso en términos de crecimiento económico, combatir la trata de personas es prioritario. Un estudio realizado por Participación Ciudadana habla de la incidencia de trata en las zonas turísticas del país. Y las descripciones que ofrece resultan espeluznantes. Las víctimas identificadas en la investigación son de origen ecuatoriano, venezolano, haitiano, dominicano, entre otras poblaciones.

Y en todos los casos, la captación de estas personas fue hecha para servidumbre doméstica, mendicidad, explotación sexual de niñez, trabajos forzosos, matrimonio servil y otras vejaciones.

Dicho en los términos más decentes posibles: es absurdo que en un país que vive del turismo, que depende de cómo ejerza su diplomacia y que aspira a un mayor desarrollo, haya grupos políticos y sociales oponiéndose a proteger a víctimas. Y más que esto, es irracional que no se detengan a contemplar que con ese enfoque no aportan a la soberanía nacional, por tres razones:

  1. La soberanía implica la independencia de los ciudadanos de un territorio: también hay dominicanos y dominicanas víctimas de trata en este país.
  2. La República Dominicana depende de divisas externas en gran medida, y una conducta violatoria de derechos humanos, puede traducirse en fuga de divisas a largo plazo.
  3. El país ha sido criticado en diversas ocasiones por temas de derechos humanos y hoy que precisa de apoyo de la Comunidad Internacional, la falta de carácter en el combate de crímenes como la trata de personas nos coloca en una posición desventajosa en términos de diplomacia.

Posted in Opiniones

Más de opiniones

Más leídas de opiniones

Las Más leídas