Aunque en los medios de comunicación se hable con bastante frecuencia de autor intelectual para referirse a quien contrata a un sicario para que ejecute un asesinato que ha planeado (asesinato por encargo), la figura de la autoría intelectual no existe en nuestro código penal, por lo que los jueces se ven obligados a otorgarle al que planea y/o al que encarga un asesinato la categoría de complicidad. Para estos fines entonces, de acuerdo con la legislación vigente en República Dominicana, el que contrata a un grupo de sicarios para asesinar a varias personas, por ejemplo, no es más que un simple cómplice del autor o de los autores principales que son los que ejecutan materialmente la acción de asesinar.

Así como esa sustancial falla, son muchas de las que adolece nuestro código penal, inalterable por 139 años, y que impiden una mayor eficiencia en la disuasión y castigo de los delitos, tales como prever penas muy suaves para ciertos casos, el no contemplar el cúmulo de penas, la no existencia expresa de figuras como la corrupción, el nepotismo o el tráfico de influencias, la errónea interpretación de la figura del terrorismo, la necesidad de crear nuevos tipos delictuales como los negocios piramidales, entre otras cosas de vital importancia.

Es necesario insistir para lograr la aprobación del nuevo código penal que, al menos en la última versión del proyecto, es más completo y moderno que lo que tenemos al día de hoy, para que así, más allá de limitarnos a algunas clases de delitos, se logre un mejor sistema de prevención y sanción de todos los tipos delictuales en nuestro país.

Un nuevo código penal no será un solución mágica que acabe con la delincuencia, pero sin dudas sería de gran ayuda para fortalecer la política criminal en República Dominicana.

Si hay una real intención de los legisladores de mostrar tolerancia cero al crimen en nuestro país e involucrarse activamente en la lucha por la seguridad deben aprovechar este momento para aprobar el nuevo código penal. Y si además toman el chance para revisar las debilidades del código procesal penal, tendrían un alto sentido de oportunidad que podría dar paso a, por primera vez en muchos años, tener una legislación penal en completa armonía y por ende con probabilidades de ser mucho más efectiva.

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