La República Dominicana ha avanzado en materia de control social, ya que el asambleísta de 2010 incluyó en la Constitución mecanismos para que las personas puedan ejercer control social referente a la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. En ese sentido, en el artículo 246 de la Ley Sustantiva, se establece que:
“El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes”.

En este contexto, el legislador ha conferido a la sociedad la oportunidad de participar de manera activa en la fiscalización y control de los fondos públicos, mediante un ejercicio de veeduría pública. En ese mismo orden, en la actualidad cursa en el Congreso Nacional, un proyecto de ley Orgánica sobre Derechos de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social, estableciendo en el artículo 1, que el objeto es: “Regular y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación ciudadana y los mecanismos de control social establecidos por la Constitución de la República”.

Esta norma define los mecanismos de control social, en el numeral 12 del artículo 5 de la siguiente manera:
“Son instrumentos establecidos para la intervención de los ciudadanos en las políticas de la Administración Pública, como medio de participación y supervisión de la gestión pública”. Estos componentes de control social, también son descritos en el artículo 6, de la citada normativa, como: acceso a la información pública, vistas públicas, derecho de petición, consultas populares, veedurías ciudadanas, comisiones de auditoría social, observatorios, demanda en rendición de cuentas, y denuncia de faltas.

Como el lector podrá advertir, en esta norma se establecen varios mecanismos de control social, como una derivación de lo postulado en el artículo 246 de la Ley Suprema. Esto implica, un importante paso de avance en esta materia.

En síntesis, es necesario que los legisladores aprueben el proyecto ley orgánica sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social, acción que contribuirá de manera significativa a mejorar los mecanismos de control interno y externo que existen en la República Dominicana. Además, brindará a las personas, la oportunidad de contribuir con su accionar al fortalecimiento de la institucionalidad y la calidad de la democracia.

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