Los candidatos y el desarrollo industrial

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La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) convocó a tres candidatos a la presidencia de la República para que expusieran su visión sobre la política industrial que necesita el país. En un escenario en el que también debió haber participado Guillermo Moreno, los candidatos Leonel Fernández, Gonzalo Castillo y Luís Abinader dispusieron de veinte minutos cada uno para presentar lo que a su entender son los desafíos del desarrollo industrial dominicano y sus propuestas de políticas. También se refirieron a las urgencias sanitarias y económicas del país.

La fuerza de la convocatoria no se trata sólo de un tema de poder. A más de 70 años de que los países de América Latina y el Caribe lanzaran estrategias de industrialización, a 40 de que las relegaran a un segundo plano y a 30 de que la República Dominicana girara hacia una economía de servicios, el desarrollo industrial, tema que citó a los candidatos, continúa siendo una preocupación central en el debate sobre las políticas necesarias para alcanzar mayor prosperidad material. La razón es simple: casi todos los países que han logrado éxitos indiscutibles y sostenidos de desarrollo lo hicieron con el sector industrial como locomotora. Las capacidades que tiene esa actividad de aumentar la producción y simultáneamente, incorporar innovaciones y progreso tecnológico, aumentar la productividad y crear empleos decentes parecen únicas.

De allí la importancia que los candidatos compartieran sus visiones y ofertas para el próximo período de gobierno. El contexto global no podía ser más desafiante con la aceleración de los cambios tecnológicos en la industria, procesos inciertos de relocalización de la actividad manufacturera a nivel global, pulsiones hacia la desglobalización de la producción y efectos continuos, y a veces extremos, asociados al cambio climático.

Lo que sigue es un intento de sacar balance de lo que dijeron los candidatos. De entrada, hay que indicar que ninguno hizo propuestas particularmente innovadoras. La mayoría de ellas se han venido discutiendo por años. Incluso algunas, aunque las menos, han empezado a ser impulsadas. En este punto, lo relevante no es discutir las especificidades, sino ponderar las visiones generales, las orientaciones de políticas que proponen, los sesgos y los vacíos.

Leonel Fernández

Debido a su larga experiencia como presidente de la República, no es una sorpresa que el expresidente Fernández y su equipo hayan podido articular un discurso coherente y estructurado sobre el desarrollo industrial dominicano.

Sus propuestas se centraron en cinco puntos: a) nuevos incentivos fiscales para la adquisición de maquinaria y equipo (nueva ley de Proindustria) y un nuevo instrumento para la financiación de MiPymes industriales; b) reforzar el uso del gasto público para privilegiar la compra de bienes de origen nacional; c) reformar las instituciones de la política industrial para que puedan promover los encadenamientos productivos; d) impulsar iniciativas, junto a las entidades educativas, para formación y la capacitación tecnológica con el objetivo de promover la innovación y el cambio tecnológico; e) promover las exportaciones a través del financiamiento (BANDEX) y la facilitación de procesos burocráticos (ventanilla única); y f) proteger con más efectividad el aparato productivo de la competencia desleal externa fortaleciendo los instrumentos de defensa comercial.

Hay poco de nuevo en esas propuestas, pero no por ello dejan de tener mérito. De hecho, uno de los problemas que ha enfrentado la política industrial en el país es que mucho de lo anterior, cuestiones básicas para la transformación productiva desde hace mucho tiempo, incluso desde cuando Fernández fue presidente, han formado parte de los discursos y poco se ha llevado a la práctica.

De todo lo planteado por Fernández, lo más destacable es la propuesta de reformar las instituciones de la política industrial. Puso énfasis en la necesidad de avanzar en esta dirección para erradicar la dispersión y la disfuncionalidad que permita promover los encadenamientos productivos. Pero la verdad es que esa reforma debería servir para eso y mucho más. Hace décadas que hemos tenido una política industrial débil. Cambiar de rumbo pasa por empoderar y darle herramientas al Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) para que cumpla con la responsabilidad de promover la transformación industrial, especialmente en actividades manufactureras de mayor potencial de éxito en el aprendizaje, el cambio tecnológico y las exportaciones.

Con respecto a una nueva ley de Proindustria que renueve incentivos, la pregunta que hay que responder es la misma que en el caso de otros esquemas preferenciales: cómo se logran las garantías necesarias para que esos incentivos ayuden a transformar de verdad y a transformar a muchos y no sólo para que las empresas de mayor tamaño renueven equipos. En un sentido similar, hay que preguntarse cómo la defensa comercial, que el expresidente propone reforzar, deja de ser un instrumento preferido de unos pocos con privilegios de mercado y con acceso a los despachos, y se convierte en una herramienta para proteger de prácticas extranjeras abusivas a las partes más vulnerables del tejido productivo nacional.

Por último, fue notable el vacío que el doctor Fernández y el resto de los candidatos dejaron respeto a la política industrial para las zonas francas. Aunque los anfitriones merecían atención especial, urge dotar al Estado de una visión estratégica para la transformación de la actividad manufacturera de zonas francas y de una política industrial que potencie los beneficios para el país en materia de empleos de más calidad, aprendizaje tecnológico y encadenamientos productivos.

Gonzalo Castillo

Gonzalo Castillo no hizo una exposición sobre la visión suya y de su equipo del desarrollo industrial dominicano. Su intervención tuvo otros propósitos y se dirigió a un público distinto al de los otros dos candidatos. Un cálculo político-electoral hizo que Castillo se separara de la partitura. Si se usaran criterios relacionados con la competencia electoral, sería posible concluir que logró su objetivo. Pero si ponderáramos su intervención con los mismos criterios usados para las de los otros dos candidatos, debemos concluir que la suya fue, por mucho, la más débil de todas.

El discurso de Castillo puso énfasis en propuestas para la recuperación, las cuales concentró un fuerte aumento del gasto público en construcción, tanto en viviendas como en infraestructura básica. Hizo mención, aunque de forma superficial al rol que podrían jugar los clusters productivos, las certificaciones, las compras públicas y el financiamiento a las exportaciones por parte del BANDEX. A pesar de eso, su abordaje fue demasiado general como para conocer qué piensan él y su equipo y qué harían en caso de hacerse responsables de las políticas públicas en materia industrial a partir de agosto.

No obstante, la propuesta de hacer descansar la recuperación inmediata en el estímulo a la construcción fue un punto fuerte y atinado del discurso. La razón es que la construcción es probablemente la actividad con mayor capacidad de arrastre en la economía. Y esto no es una impresión, sino que hay evidencia estadística contundente al respecto, especialmente en los llamados Cuadros de Oferta y Utilización y la Matriz Insumo-Producto del Banco Central. Por lo tanto, el gasto público en obras de infraestructura tiene una gran capacidad para ayudar a recuperar el crecimiento. En lo inmediato, el nuevo gobierno a partir de agosto deberá poner mucho énfasis en ello.

Desafortunadamente, el punto fuerte va acompañado de una gran debilidad: prometió impulsar una cantidad tal de proyectos de infraestructura para los cuales, simplemente, no hay dinero. Castillo prometió lo que no puede ni tiene.

Luís Abinader

De los tres candidatos, Luis Abinader fue quien mejor se preparó y quien logró el discurso más articulado y mejor concebido. Enmarcó adecuadamente el desafío industrial en el contexto de la desindustrialización prematura que vive el país y de la emergencia de la llamada Cuarta Revolución Industrial a nivel global.

Su propuesta giró alrededor de: a) impulsar las exportaciones industriales, b) promover los encadenamientos productivos, c) introducir alivios fiscales, d) avanzar en una reforma institucional que fortalezca la seguridad jurídica y simplifique los procesos burocráticos y e) fortalecer los lazos entre educación técnica y superior y el sector industrial para facilitar el aprendizaje y la innovación.

En una economía pequeña como la nuestra, el crecimiento industrial de largo plazo sólo puede lograrse “hacia afuera”. Por eso, no hay manera de exagerar la importancia de las exportaciones para el desarrollo industrial. Abinader y su equipo parecen haberlo comprendido bien y es probablemente el punto más fuerte de su propuesta. Aunque las acciones para lograrlo no difieren mucho de otras propuestas, el valor que tiene es haber puesto ese objetivo en primera fila. Además, parecido a Fernández, reconoció que, para contar con una buena política industrial hay que promover una reforma institucional porque lo que tenemos no funciona bien y puso énfasis en los temas relacionados con la formación y la capacitación como pieza clave de la productividad y la competitividad.

Sin embargo, hay dos críticas importantes que hacerle. La primera es que, como Fernández, ignoró a la actividad industrial de las zonas francas.

La segunda es más grave en términos inmediatos. De esa y otras intervenciones se deduce que Luis Abinader y su equipo no parecen reconocer la gravedad de la situación fiscal dominicana. En esta ocasión insistieron en ofrecer un conjunto de concesiones fiscales, en particular en lo referido al anticipo del Impuesto sobre la Renta, que podría tener graves implicaciones recaudatorias en un momento fiscal crítico. Es indudable que el mecanismo del anticipo necesita ser revisado, pero eliminarlo podría dejar al Estado “en la calle” y sin fuerza suficiente para impulsar la recuperación y la protección de los damnificados. Más aún, podría terminar comprometiendo el programa de gobierno del PRM en materia social. Si Castillo prometió lo que no tiene, Abinader ofreció lo que no puede.

Ojalá este y otros ejercicios similares contribuyan para debatir, repensar y perfeccionar posturas y propuestas sobre política industrial.

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