Después de haber finalmente salido de la zozobra y el atolladero en el que nos sumieron los que querían imponer una nueva reforma constitucional para permitir una nueva reelección del presidente Danilo Medina, lo cual tuvo costos importantes para nuestra economía y nuestra institucionalidad, se pretende seguir acosando nuestra Constitución, por más extravagante que esto pueda parecer.
Con un grotesco cinismo se intenta convencer a la sociedad de que esta nueva propuesta lo que busca es reducir el alto costo que significaría la celebración de las elecciones municipales en febrero próximo de forma separada de las presidenciales y congresuales, en adición a otros puntos que pretenden usar de señuelo.
Si bien el costo de las elecciones es alto, el cual para las municipales será de RD$4,016 millones según informó el presidente de la Junta Central Electoral, mucho más alto es el costo de las campañas. Cada aspirante a la presidencia podrá gastar RD$519.4 millones, según lo establecido por la nueva ley de partidos, lo que, multiplicado por el tope de 15 aspirantes por partido, significaría un posible gasto por partido de RD$7,791 millones, casi el doble del costo de las elecciones municipales, y si a eso le sumamos el número total de posibles precandidatos de todos los partidos esa cifra se multiplica astronómicamente.
La nueva ley de régimen electoral permite un alto gasto a los candidatos a la presidencia de RD$122.50 por elector, lo que significa que cada candidato podría gastar RD$909.2 millones, suma que, multiplicada por ocho, número de candidatos a la presidencia en el año 2016, significaría un gasto de RD$7,273.6 millones, igualmente casi el doble del costo de las elecciones municipales.
Todo esto evidencia claramente que la racionalidad en el gasto no es lo que preocupa a la mayoría de turno que impulsó la aprobación de estas legislaciones con esos altísimos topes, desoyendo las alertas dadas por instituciones de la sociedad civil.
Ya no puede pretenderse que se trata de propuestas de líderes de la oposición, puesto que las declaraciones del Ministro de Hacienda sobre su preocupación por el gasto que dice entrañan dichas elecciones separadas y la destitución de Isidoro Santana como Ministro de Economía, horas después de que expresara su rechazo a la unificación de las elecciones; pusieron al descubierto que este nuevo plan de modificar la Constitución es articulado por los mismos actores que fallaron en imponer la reforma para permitir una nueva reelección, quienes usando este subterfugio buscan rehabilitar al presidente Medina para volverse a postular en el 2024.
Lo que realmente debe preocuparnos es la rivalidad entre las dos facciones del partido oficial y los extremos a los cuales esta pudiera arrastrarnos, pues así como en las elecciones del año 2012 el entonces presidente Fernández abrió la llave del gasto para garantizar que su partido permaneciera en el poder con Medina como candidato, disparando el déficit fiscal a RD$153,803.2 millones, equivalente a un 6.6% del PIB; ahora pudiera suceder lo contrario, que se incremente desmesuradamente el gasto público para impedir que Fernández sea nuevamente candidato y favorecer al precandidato de preferencia de la facción del presidente Medina, habiéndose dicho incluso públicamente que “a quien salga delante, detrás de ese el Presidente se lo subirá al hombro y lo llevaremos a la presidencia de la República”.
Ese subirse al hombro a un candidato es un costo que puede ser muy alto, y no solo para nuestra economía sino para nuestra institucionalidad, y ese es el costo que debemos evitar, y no el de celebrar separadamente las elecciones municipales, como se hace prácticamente en todas las democracias del mundo, para fortalecer el poder municipal como soñó Juan Pablo Duarte, y aún no hemos sido capaces de lograr.
