La lucha contra la corrupción y la impunidad

El presidente Luis Abinader ha proclamado el éxito de la lucha contra la corrupción y la impunidad, apoyándose en que ha logrado dotar al país de una Procuraduría General independiente, conformada por ministeriales públicos apartidistas, capaz de enfrentar la criminalidad, dirigir la investigación penal y representar a la sociedad en la acción pública.

Y la verdad es que –nobleza obliga- el mandatario perremeísta ha logrado situar la lucha contra la corrupción y la impunidad en el centro de la vida nacional como política de Estado, persiguiendo los fiscales acciones dolosas atribuidas a la pasada Administración, sometidas ahora a investigación y pendientes de sentencias definitivas de los tribunales, así como escándalos ocurridos bajo la actual gestión de gobierno.

La magnitud de los hallazgos criminales del pasado y el presente expuestos en los procesos abiertos desde el Ministerio Público por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Jenny Berenice, que involucran a funcionarios del gobierno y legisladores del partido oficial, condujeron al presidente Abinader a declarar que mientras ejerza el poder “en este país no hay vacas sagradas y que continuarán luchando contra la corrupción y el crimen organizado, caiga quien caiga”.

En una arenga reciente, el gobernante, que cumple 13 meses en el cargo, proclamó que en su gobierno no se roba y que se hacen más obras con menos recursos. “Eso es posible”, razonó, “porque aquí no se está robando; puede aparecer un caso de corrupción, pero pueden estar seguros que no hay impunidad”.

Los eventuales avances alcanzados en la lucha contra la corrupción, que afecta tanto al sector público y privado, Abinader los atribuye casi de forma exclusiva a la ruptura del tradicional modelo aplicado por sus predecesores de nombrar un activista político en la PGR, pero la designación de la doctora Miriam Germán Brito, reconocida abogada de carrera en los tribunales, reputada independiente, rompió dicho patrón que abrió las puertas a la impunidad, la falta de castigo o un régimen de consecuencias.

El mandatario ha prometido enviar al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional que garantizaría la función independiente del Ministerio Público. Sin embargo, hace poco el expresidente Hipólito Mejía, fundador del oficialista PRM, rechazó que existe “un Ministerio Público independiente como tal” y catalogó la idea de “utópica y falsa de toda falsedad”. Dijo que celebra la intención del presidente Abinader, “aunque todo el mundo no lo puede ver así”.

Al respecto, el expresidente Leonel Fernández, líder del partido Fuerza del Pueblo, considera infundada la iniciativa de reforma con ese propósito, pues según afirma, la Carta Magna consagra la independencia del órgano persecutor de la criminalidad.

Efectivamente, el artículo 170, autonomía y principios de actuación, de la Carta Magna consigna que “el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad”.

En ese sentido, conviene destacar que en política el término “independencia” contiene dos acepciones principales: la primera referida a los Estados y alude a su condición de no someterse a poderes y autoridades ajenas a sus funciones consignadas en la ley; la segunda acepción se refiere a la calidad de los ciudadanos que, por no estar afiliados a ningún partido y, por ende, ni subordinados a la disciplina partidista, disfrutan de una amplia libertad de movimiento y acción políticos. Se trata de la independencia desvinculada de la vida de los partidos políticos. En una palabra: referido a las relaciones de los partidos con la ciudadanía.

Dependiendo del grado e intensidad de su participación, los integrantes de cualquier formación partidaria se clasifican en militantes, miembros y simpatizantes, pero los ciudadanos no afiliados a los partidos, aunque pueden simpatizar con alguno –o haber marchado en la Plaza de la Bandera contra la corrupción del gobierno anterior-, reciben el nombre de “independiente” porque están desprovistos de lazos disciplinarios y disfrutan autonomía de movimiento. En democracias avanzadas, Estados Unidos, por ejemplo, los “independientes” quedan clasificados en el registro de votantes y pueden ejercer el sufragio conforme a su conveniencia.

Finalmente, creo que la fuente de la corrupción no subyace únicamente en la designación de dirigentes políticos en el Ministerio Público, ese es una parte del problema, porque no es fácil descifrar la etiología de la corrupción. Ciertos estudios la atribuyen a una problemática cultural, educativa y generacional, o al fracaso del sistema educativo en proveer formación ética de calidad, al egoísmo, el afán de lucro, la vigencia del criterio de que ya el trabajo dejó de ser dignificante y la única fuente del patrimonio personal, el concepto del menor esfuerzo, todo enmarcado dentro de una sociedad hedonista donde impera la creencia de que el dinero es la medida de todas las cosas, requisito sine qua non para ganar elecciones.

El quid de tal esfuerzo estriba en que toda persona decente, comprometida con el fortalecimiento del Estado de derecho, debe apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad que preconiza el presidente Abinader.

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