La elección de una directiva de la Cámara de Cuentas que no responda a los intereses de los funcionarios del gobierno de turno, o de cualquier otro de los poderes públicos, incluyendo a la clase política, constituye un nuevo empuje al proceso de fortalecimiento institucional que registra el país desde el 16 de agosto. Esa elección sigue un hilo de decisiones que debe darle sostenibilidad al país en su organización como el estado de derecho que los dominicanos hemos estado procurando desde nuestros orígenes como nación.
Salvo fugaces momentos, en la historia de República Dominicana han prevalecido niveles de autoritarismo en los que han sido desconocidas la Constitución y las leyes para hacer del Estado un desorden organizado en favor de intereses particulares.

Hemos tenido una larga, desteñida y mal llamada transición democrática que en realidad ha desfigurado las bases institucionales del país.

Ha sido desconocida y violentada la ley, no por capricho o ignorancia, sino para aprovechar la ausencia normativa y descuartizar los bienes públicos, escamoteando los recursos que han debido servir para cimentar los pilares republicanos y el desarrollo social.

Corregir ese mal rumbo que ha llevado el país explica las decisiones institucionalistas adoptadas por el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM desde el primer día de gestión.
De ahí la importancia de que los primeros decretos del gobierno sentaran las bases para el establecimiento de un Ministerio Público independiente, sujeto sólo al mandato de la ley.

Un segundo apalancamiento institucional fue la decisión de elegir un Pleno de la Junta Central Electoral que no responda a intereses políticos partidistas, como ha ocurrido usualmente en el país, donde el fraude electoral ha sido una constante, incluyendo el proceso electoral municipal de febrero del año pasado, cuando se produjo el último gran escándalo con el que se intentó desconocer la voluntad popular. Ahora el proceso de fortalecimiento institucional toma bríos que lo impulsan a puntos de no retorno con la elección de la nueva directiva en la Cámara de Cuentas.
El dato es especialmente relevante porque durante gobiernos anteriores fueron borrados linderos fundamentales contralores de los fondos públicos.

Esa elección, junto a las medidas de saneamiento que se vienen aplicando en la Administración pública, y los trabajos de impulso a la reforma policial, van empujando al país con muy buenos vientos institucionales.

Es un proceso tan coherente y claro del que no puede ser indiferente nadie que se tenga por demócrata o por interesado en el desarrollo integral del país, que solo puede lograrse con el imperio de las leyes.

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