La herencia castiza, lo que España nos dejó en los genes, la cultura, creencias, actitudes y la base del idioma, el implacable trópico, la herencia taína y el aporte de las mil razas que han venido a recalar a estas playas, se han encargado de transformar, para bien o para mal, produciendo la cultura dominicana, el enmarañado yo criollo. En la época de la colonia, sintiéndose superiores, llamaban “indianos”, despectivamente, a los, que aun sustentando la nacionalidad española, habían nacido en estas tierras adonde todo se trastrueca y a veces, patas arriba funciona mejor que el original. Uno de los tantos elementos absorbidos como propios, es la cultura de la “documentosis“. Para todo: un acta, una declaración, un documento, que sumados constituyen la mejor forma de fastidiar a una ciudadanía. Muchos de los documentos, necesitan “firmas y sellos”, requeridos para uso burocrático que sólo sirven para alimentar gavetas, que cuando a punto de reventar, son enviados a la sección de “archivo muerto” en ruta al basurero. El burócrata se “regodea” con la dificultad del contribuyente para obtener una “certificación”, requerida con el único objeto de “jo…”. Parecería significar un profundo orgasmo de papel 8 y media por 11 o por 14, cual sea el caso, pero que resulta insalvable si no se satisface. La buena gerencia se centra en disminuir esa carga ciudadana que resulta de luchar con una burocracia rancia y “autorizada” para complicar existencias. Hermoso es cuando usted busca en internet lo que se precisa, pero todo está cambiado cuando se presenta con lo requerido digitalmente y le dicen: “eso era’ante”.. Quedan en nuestros sistema oficial documentos exigidos que habrían sido material inspirador para el inmenso García Márquez. Cuando un ciudadano requiere el servicio eléctrico rural, de alguna de las Edes, debe suministrar un “certifico”, expedido por el alcalde pedáneo de la sección adonde se va a instalar, como anacrónica figura que la modernidad no logra superar. El susodicho documento establece que el alcalde conoce la persona desde hace tiempo y que ante él, autoridad establecida por ley, el ciudadano resulta siendo “merecedor” de solicitar el servicio básico del suministro eléctrico y que ademas “asume y se compromete a contratarlo y pagarlo continuamente”. El Ministerio de Interior y Policía, emite los absurdos Certificados de Buenas Costumbres. Se ha quedado como una entelequia jurídica, solicitado por la Procuraduría General de la República , como vía para solicitar los exequaturs para el ejercicio de las profesiones, como el caso del Derecho o abogacía, como el pueblo lo define. Resulta que la única información oficial que se tiene en cuenta para esa peculiar certificación, es si la persona no ha sido deportado. Parece que es la única “bellaquería” que empaña las “buenas costumbres, mentá”. Pasma ver la facilidad con que lo digital se convierte en análogo y como ahora es costumbre medir el tiempo en “días laborables” . Las computadoras oficiales resultan artefactos parapléjicos de espesa lentitud, que en vez de acelerar los procesos oficiales, justifican al personal supernumerario y la complicación de lo simple, y “vuelva en 20 días laborables , a ver si ta lito”.

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