Por décadas se ha discutido, sin llegar a conclusiones, sobre el ambiente en que debe operar un sistema eficaz de libre comercio. En mi particular opinión, los problemas de la libre empresa no se derivan exclusivamente de la injerencia estatal, por mucho que ésta haya entorpecido en el transcurso de los años su desarrollo y crecimiento.

Los defectos de nuestro muy peculiar régimen de libre mercado se deben también, y en gran medida, al propio sector privado. Responden a los predominios de grupos, a los oligopolios y castas empresariales que han explotado hasta la saciedad el paternalismo estatal, invocando para su provecho la intervención del Gobierno en la economía, a sabiendas de que los privilegios trabajan en contra del sistema y de las oportunidades de los demás.

La capacidad instalada, señalada tantas veces como una razón de la poca funcionalidad o de la presunta existencia de libertad empresarial, ha sido esgrimida no siempre por el Estado, sino por grupos empresariales para evitar de esta forma la competencia o preservar irritantes concesiones. ¿Cuándo esas concesiones se reflejaron en el mercado, ya sea mediante un mejoramiento de los precios y de la calidad de los productos o mediante un incremento de la oferta?

Es preocupante la tendencia a ver en toda denuncia de la especulación, el enriquecimiento rápido y desmesurado derivado de cierta actividad comercial o empresarial, una actitud contraria a la libre empresa. Esas prácticas, regulares en nuestro medio, conspiran efectivamente contra un régimen de libre comercio. El error estriba en considerar la libre empresa sólo como el derecho a hacer negocios y no como todo un conjunto estructural para estimular el desarrollo de la libre iniciativa individual y garantizar el derecho de los consumidores.

La especulación le hace un daño enorme a la libre empresa, porque se la sigue asociando al sistema mismo, como algo natural y congénito a él, y porque, además, se han querido desacreditar las campañas contra esa aberración pretendiéndolas como ataques al sistema y no como acciones legítimas de defensa social contra los especuladores.

Posted in La columna de Miguel Guerrero

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