Jueves de recuerdos

En mayo de 2006, el entonces director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Félix Bautista, firmó el acuerdo con The Sunland Corporation que endeudó al Estado dominicano en US$130,000,000 sin pasar por el Congreso Nacional, con 19 pagarés emitidos a favor de la empresa.

Esto constituyó uno de los mayores escándalos en la historia de nuestro país y generó no sólo rechazo de la población sino también acciones judiciales encabezadas por organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición.

Una de estas acciones fue un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, la cual en el 2008 lo declara inadmisible por absurdos argumentos de forma.

La paradoja es que a pesar de la controversial decisión, el mismo tribunal reconoció la irregularidad del tema cuando en el cuerpo de la sentencia señala que “ciertamente el presidente estaba en la obligación ineludible de someter el acto impugnado a la sanción del Congreso Nacional”.

Cinco años después, quien en esa fecha presidía el tribunal, Jorge Subero Isa, ofrece declaraciones afirmando que se trató de “un caso eminentemente político que se le dio una solución política” y que el pleno de la Suprema recibió presiones. “El caso Sunland yo siempre he dicho que fue un crespón negro en la toga de los jueces. Yo sigo creyendo que no fue una buena sentencia”, dijo el exmagistrado.

Para refrescar la memoria, el supuesto objetivo del acuerdo con Sunland era la construcción de obras para el Estado, la mayoría dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Según el contrato, las obras (adjudicadas sin licitación pública) debieron ser entregadas a más tardar dentro de los doce meses siguientes al inicio de los trabajos.

Aunque el documento original establece la obligación de construir once obras, la cantidad fue reducida a cinco con el mismo costo, mediante una modificación hecha en diciembre de 2006. Se establece allí la obligación de construir las obras y equiparlas a un costo de US$111,986,906 y se incluye otra partida de US$18,013,094 por concepto de gastos legales y bancarios, entre otros.

El Gobierno y Sunland firmaron un anexo el 25 de octubre de 2007 al contrato, señalando que la empresa privada deberá entregar las obras “totalmente terminadas y los equipos y servicios a ser suministrados e instalados en pleno funcionamiento a más tardar el 15 de julio de 2008”.

Hoy, 10 de Noviembre de 2022, la simple inspección demuestra que no todas las obras fueron terminadas.