En nuestro país durante mucho tiempo hemos preferido no resolver los problemas cuando son pequeños y después nos quejamos cuando se vuelven grandes y casi irremediables, y uno de los ejemplos más patéticos de esto es el caso de los mal llamados sindicatos de choferes, que se fueron apropiando a palos, a puñetazos y hasta a tiros de rutas, imposibilitan la libre competencia en el transporte y subyugan a la población, no solo la que está obligada a usarlos y ha tenido que padecer en general malos, costosos e inseguros servicios, sino la que por no sufrir sus embates ha convertido en prioridad número uno comprar un vehículo propio, y todos los que circulamos en las vías públicas y estamos sometidos a sus alarmantes violaciones a la ley.

El arma poderosa que tienen en sus manos de provocar paros en el transporte la han usado no solo irracionalmente sino convenientemente, pues les ha servido para obtener prebendas y hacerse intocables ante el peso de la ley, y peor aun, para conseguir ser incluidos como candidatos a puestos electivos por distintos partidos y obtener, en algunos casos, estas posiciones, sin otro mérito que su poder fáctico de controlar agrupaciones de choferes.

El catastrófico y lamentable accidente ocurrido en el Boulevard Turístico del Este en el que han perecido cuatro personas y algunas perdieron miembros de sus cuerpos y otras tantas resultaron lesionadas, ha puesto en evidencia no solo el desorden, falta de planificación y bajísimo cumplimiento de normas de seguridad en que nuestras ciudades se han desarrollado, incluidos polos turísticos importantes del país, donde existe el increíble contraste de inversiones millonarias en hoteles, villas, comercios y casas, sin sistemas de manejo de riesgos adecuados, o prácticamente inexistentes, como es el caso de estaciones de bomberos, ambulancias, emergencias, seguridad vial y centros de salud con personal debidamente entrenado y equipado, y mucho menos de prevención de estos.

Ese es un reto urgente y difícil que tenemos como país, pero sin lugar a dudas el mayor desafío es la regulación del tránsito, la que por más rimbombante que haya sido el cambio de legislación con la aprobación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, así como con la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) continúa siendo el escenario de mayor desigualdad ciudadana, en el que unos cuantos tienen patente de corso para incumplir groseramente con las reglas sin ninguna consecuencia, y otros viven a la merced de sus diabluras, sobreviviendo cada día al peligro que representa transitar nuestras calles, avenidas y carreteras, y deben tolerar que los agentes del tránsito de la Digesett, los castiguen con interminables tapones porque insisten en sustituir el tiempo automatizado de los semáforos, o con multas que de vez en cuando se deciden a salir a imponer, aunque mientras lo hagan, dejen pasar por el frente un prontuario de infracciones cometidas por motoristas, guagüeros o camioneros.

Los sindicatos de choferes turísticos del Este en vez de comprender que cada dominicano tiene el deber de colaborar con el desarrollo y preservación de nuestro país como destino turístico, y de hacer un mea culpa y admitir que ha habido una falta de regulación y colaborar para conseguirla sometiéndose de buen grado a las inspecciones necesarias que han estado ausentes, y comprometerse a su vez en hacerlas a sus choferes, pretenden otra vez torcer el pulso de las autoridades, amenazan con paralizar el transporte y exigen la cancelación del recién electo director ejecutivo del Intrant, y hasta dan mandatos al Ministerio Público e insinúan acciones ilegales cometidas por este para preparar su expediente acusatorio contra el chofer del autobús turístico accidentado, porque para ellos lo importante es defender a ultranza a los suyos, aunque videos, declaraciones de testigos y pruebas analíticas demuestren actuaciones temerarias e irresponsables de este contra el resto.

La única respuesta posible debe ser hacerles sentir que sus bravuconadas no los podrán eximir del peso de la ley, pero lamentablemente muchos tenemos el temor de que se repita la funesta historia de que, por evitar las consecuencias del paro, nuevamente nos hagamos de la vista gorda y se les busque la vuelta, para que sigan saliéndose con la suya.

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