A más de un mes de la declaratoria de estado de emergencia, la situación epidemiológica con relación al nuevo coronavirus sigue siendo, en términos generales, desconocida. Eso está sucediendo en muchos países, especialmente de ingresos medios y bajos, debido a la incapacidad de los sistemas de salud de realizar pruebas masivas.
La urgencia de entender la epidemia
En la República Dominicana, el número de casos confirmados continúa creciendo a medida que aumenta el número total de pruebas realizadas. Como la mayoría presume, eso sugiere que el contagio es muy amplio y que el aumento en el número total de pruebas realizadas día a día lo que hacen es ir mostrándolo por pedacitos, sin lograr terminar de conocer su dimensión real ni su comportamiento. Es como caminar hacia el horizonte sin poder alcanzarlo nunca.
La relación entre el número de nuevos casos detectados y el número de pruebas realizadas es muy estrecha. En términos generales, cuando el número de nuevas pruebas realizadas crece, el número de casos confirmados también lo hace, y cuando el número de pruebas nuevas se reduce, lo mismo pasa con el número de casos positivos.
La gráfica adjunta muestra eso y sugiere, con mucha fuerza, que es urgente incrementar la capacidad diagnóstica para tener mucha más información que la que tenemos en la actualidad. Esto permitiría dimensionar la epidemia con dos objetivos. Primero, llevar las capacidades del sistema de salud a la altura necesaria. Segundo, identificar las poblaciones donde el contagio es más generalizado. Eso facilitaría transitar desde una estrategia de distanciamiento social y paralización económica relativamente amplia, a una selectiva con un costo material mucho menor sin incrementar el riesgo de contagio.
Fortalecer la protección: informales, personas indocumentadas y mujeres
Mientras eso sucede en el ámbito de la salud, desde la política social, como ya muchos han insistido, el objetivo fundamental inmediato debe ser proteger del colapso económico a la población más afectada y que tiene menos capacidad de resistir la pérdida o la reducción significativa de fuentes de ingresos. El riesgo social y político de no hacer esto bien es muy alto.
Las transferencias monetarias a través de los programas Quédate en Casa y FASE tienen ese objetivo, aunque merecen ser reforzados, especialmente incrementando las transferencias.
Sin embargo, hay al menos tres grupos de sectores o poblaciones que no están siendo adecuadamente protegidas. Uno de ellos es los trabajadores y trabajadoras en la informalidad. Por definición, las actividades informales no tienen relación con el Estado o los vínculos no son sistemáticos. Esto dificulta articular un programa de protección a un conjunto extremadamente diverso de actividades. Además de ocupar a más de la mitad de la población que trabaja por un ingreso, esa que, por lo general, no encuentra un puesto en el sector formal, la informalidad es parte fundamental del tejido económico y explica una porción significativa de la capacidad productiva total.
Más aún, su producción juega un rol crítico para las actividades formales porque muchas de ellas proveen insumos o forman parte de las cadenas de abastecimiento de la producción del sector formal. Los salones de belleza son un mercado muy importante de las industrias que producen productos de belleza, la pequeña producción agrícola, generalmente informal, suele ser proveedora de las grandes empresas agroindustriales, y la venta informal suele ser uno de los eslabones más importantes de la cadena de comercialización de productos y servicios de empresas formales. Si una parte de esas actividades queda desarticulada, también el sector formal será afectado. La relación también corre en la dirección opuesta.
La vicepresidenta de la República anunció que Quédate en Casa alcanzará a unos 70 mil hogares más los cuales están vinculados a actividades informales. Ese es un nuevo paso en la dirección correcta, aunque, por el momento, es de alcance limitado.
Otro lo es la población indocumentada. Más de medio millónde dominicanos y dominicanas de más de 15 años no tiene cédula de identidad. Ese porcentaje es particularmente elevado entre la población más joven y la de mayor edad. Por su condición de indocumentación, esta población no está ocupada en el sector formal ni está protegida por alguno de los principales programas públicos. Sus actividades laborales son precarias, informales y de muy baja remuneración, y viven en pobreza extrema. Se ubica en la base de la pirámide social dominicana, es la más desprotegida ante eventos como la epidemia y la crisis económica y está siendo fundamentalmente olvidada. En el mismo grupo hay que colocar a la población migrante, especialmente la indocumentada. Una parte de ella juega un rol crucial en la producción de alimentos y otra en la construcción, actividad que seguramente será crucial en la fase de recuperación.
Un tercer grupo de población que los mecanismos de protección han olvidado es las mujeres. Igual que los hombres, una parte importante de ellas ha visto sus ingresos reducidos y podrían estar siendo beneficiarias de los programas de protección. Sin embargo, para ellas, paradójicamente, la paralización no las ha dejado sin trabajo, sino que cambió la naturaleza de su trabajo. Pasaron del trabajo con contrapartida económica al trabajo del cuidado del hogar sin contrapartida. Con escuelas y guarderías cerradas, han tenido que hacerse cargo del cuidado de niños, niñas y adultos mayores. Para aquellas que no trabajaban fuera del hogar, igualmente la carga se ha incrementado. Para otras, generalmente con instrucción y habilidades mayores, capaces de realizar teletrabajo, la carga laboral se ha incrementado porque al trabajo remunerado habitual desde el hogar se ha sumado el de los cuidados.
Además de lo anterior, en el contexto de la pandemia y de las cuarentenas, desde muchas partes del mundo se reporta un incremento en la violencia contra las mujeres en el hogar. Al mismo tiempo, muchos de los mecanismos estatales de protección de las mujeres y de sanción a la violencia de género no están funcionado. En ninguno de estos casos, las políticas públicas están prestándole la atención debida.
Las pensiones
Entre las propuestas que se han hecho a fin de sostener la capacidad de consumo de los asalariados ha sido la usar parte de los fondos que administran las AFP. Al respecto hay que decir tres cosas. Primero, el dinero no es de las AFP sino de los y las cotizantes quienes han venido ahorrando para tener recursos para sus pensiones. La justificada indignación con el sistema de pensiones y con sus beneficiarios no debe llevar a pensar que hacer uso de esos recursos implica quitárselos a las AFP. Más bien implicaría permitir que los cotizantes puedan usar hoy parte de sus propios ahorros y no esperar el momento del retiro para ello.
Segundo, por lo anterior, ese mecanismo lo que haría es poner sobre los propios hombros de los cotizantes el costo de la crisis.
Estos sacrificarían sus ahorros para compensar los ingresos perdidos. Es legítimo que ellos y ellas decidan eso, pero todo el mundo debe estar claro quién es que terminaría financiando eso. Sería una modalidad notablemente inequitativa de contener la caída en el consumo, y no modificaría en lo absoluto el intrínsecamente inequitativo sistema de pensiones.
Tercero, una decisión como esa tiene importantes implicaciones macroeconómicas y no debe ser tomada a la ligera. La mayor parte de los recursos no están disponibles, sino que las AFP los han prestado al Ministerio de Hacienda y al Banco Central y éstas y los cotizantes obtienen una rentabilidad por ello. Volver esos recursos a su forma líquida implicaría quitarle financiamiento al gobierno, en un contexto de severa precariedad fiscal. Eso podría obligar a reducir el gasto público en el peor momento. También implicaría que el Banco Central devuelva parte del dinero a las AFP y ésta a los cotizantes, lo que aumentaría el nivel de liquidez en la economía. En ciertos contextos, esto podría acelerar la inflación y la devaluación, pero en el actual, ese efecto podría ser menos probable o intenso.
La recuperación
En este momento poco se discute y hay poca claridad respecto a cómo emprender los esfuerzos de recuperación. Eso no sorprende. Es temprano todavía, las energías están concentradas en la emergencia, no sabemos cuáles serán los daños económicos permanentes que termine causando la paralización ni a cuáles sectores afectará más, y tampoco las restricciones sanitarias que se mantendrán por un tiempo y que condicionarán la capacidad de recuperación.
Por lo pronto, urge identificar las fuentes a las que el gobierno puede recurrir para financiar el programa de recuperación y articular esfuerzos con otros países, especialmente en desarrollo, para promover un aumento drástico de la capacidad financiera de los organismos financieros internacionales.
En el ámbito doméstico, hay que diseñar un buen programa que tenga claro dos objetivos fundamentales: a) recuperar la capacidad de generar divisas porque sin divisas, el crecimiento no es posible, y b) recuperar y crear medios de vida.
Lo primero implica tomarnos finalmente en serio el tema de las exportaciones. La crisis debe estar dejando claro cuan frágil ha sido nuestra inserción internacional. La debilidad de las exportaciones de bienes ha estado en el centro de ella. También implica hacer lo necesario para que el turismo arranque de nuevo. Hay que estar conscientes, sin embargo, que las fuerzas fundamentales de la recuperación del turismo no están bajo nuestro control.
Lo segundo implica conocer las capacidades productivas y los empleos que se perdieron a fin de recuperarlos, e identificar aquellas nuevas que se pueden crear. El empleo y la capacidad de generar ingresos de la gente debe estar en el centro del esfuerzo por relanzar el crecimiento.
