En nuestra imperfecta vida democrática, no creo que otra persona que haya ocupado la presidencia de la Suprema Corte de Justicia haya recibido tantas críticas por tantos sectores nacionales, como el actual, Luis Henry Molina.

Al parecer no tiene un fuerte liderazgo interno y, a lo externo, la mayoría de los abogados hablan pésimamente de ésta gestión. También lo han sentado en el “banquillo”, objetándole resoluciones y propuestas, y lo han “invitado” a la Cámara de Diputados. Y, por si fuera poco, el tema de la virtualidad, que sería su aporte al sistema de justicia, lo llevó mal, generó mucha oposición y alejó el necesario consenso entre los actores del sistema.

Y esto es grave en extremo, no porque el señor Luis Henry Molina no haya “pegado una”, sino porque todo esto se refleja en el prestigio del Poder Judicial como órgano, y lo afecta.

Una de las manifestaciones del poder son los símbolos y, en el mismo camino, el prestigio del órgano y de la persona que lo ostenta, y la actual gestión está afectada, sin dudas.

Unas preguntas lógicas serían: ¿Por qué esta situación? ¿Cuáles hechos producen que el prestigio de un órgano vital para la salud de la República esté tan cuestionado?

Como siempre –o como es en la mayoría de los casos-, las respuestas posibles son múltiples, cada uno podría tener su opinión, a favor o en contra.

Habría que empezar por el presidente del órgano, su preparación, aportes a la comunidad académica y prestigio personal. Bien sabemos que un órgano no es quien lo preside, pero es iluso no establecer que debe emanar respeto, por sus ejecutorias, por su trayectoria o por su formación a los demás miembros, por eso el tema de la calidad en la elección.

Además, en el país, de forma concreta, las acciones y ejecuciones de los órganos están muy influenciadas por la agenda de quien presida, lo que normalmente se impone. No debería ser, pero es, y siempre debemos partir del “análisis concreto de la realidad concreta” (Lenin).

Entonces, en la elección está el tema político, que en el país lo es todo. Y la selección por cercanía o dependencia y no por condiciones, aptitudes y capacidades. Obvio, el que sea político activo no quiere decir que no sea un jurista. Incluso, creo que los jueces deben ser políticos o tener posturas políticas sobre los grandes temas nacionales, lo que no deberían es ser miembros partidarios activos al momento de su elección.

Otro aspecto es el manejo interno, con sus pares. En algún momento parecía una rebelión. La suerte, para la Suprema Corte de Justicia y quien la preside, es que el aura de una “justicia independiente” (lo cual sigue siendo una aspiración, entiendo), motivada por las acciones de la Procuraduría General de la República en el último año, ha quitado las luces y las críticas a la Suprema Corte de Justicia, para dirigirse al Ministerio Público que, en cierta forma, le ha dado un respiro, quitándole importancia mediática a los problemas que hemos referido.

Aprovechen la coyuntura.

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