Los legisladores, en cualquier período, han mostrado una tremenda resistencia a la crítica social. No exageramos si afirmamos que esa capacidad ha sido persistente.
No sabemos si obedece al desarrollo de una vocación de “cuerpo”, al margen de su diversidad partidaria originaria. Se acrecienta cuando se trata de defender beneficios alcanzados, ya mediante planes de retiro, dietas, compensaciones por sesiones, exoneraciones para vehículos costosos, gastos de representación, pagos para colaboradores, u otros medios no documentados en ocasiones fuentes de escándalos.
Esos privilegios han hecho que la representación popular alcance la más alta competencia electoral, lo que al mismo tiempo conlleva gastos enormes para las campañas, que han devenido en mecanismos de exclusión para ciudadanos sin recursos económicos.
En ocasiones, la obtención de una encarecida curul se constituye en una oportunidad para la acumulación de fortunas impresionantes. Algunas declaraciones juradas de legisladores han sido objeto de atención de la ciudadanía, que no siempre guardan relación con los altos ingresos conocidos o dispuestos por los actos o resoluciones administrativas de los propios legisladores.
Esas partidas millonarias en sus orígenes violan el más elemental principio de legislar en beneficio propio, lo que en sí mismo es una degradación de un servidor público que por naturaleza debe estar orlado por la honorabilidad.
La cuestión es que las ventajas han estimulado en segmentos de la sociedad un resentimiento que el cuerpo legislativo en amplia mayoría no desea ver. Se resiste, nada lo incomoda, como si desarrollaran una áspera e impenetrable piel.
Ciudadanos que antes se rasgaban las vestiduras por hechos de esa naturaleza, tan pronto llegan a la curul, cambian de discurso. Una verdadera metamorfosis.
Aunque no se ha concertado un movimiento social contra esas ventajas, se percibe un proceso de ascenso de una voluntad ciudadana en pro de que esas iniquidades terminen.
Los legisladores, remisos a los señalamientos, deben reflexionar acerca de su misión, sobre sus responsabilidades, y si efectivamente requieren de tanto dinero para cumplirlas. Deben entender que los tiempos cambian y que lo aceptado ayer pasivamente por los electores hoy puede ser pecaminoso.
Al final, es una cuestión de ética en el ejercicio de la política. Esa continúa siendo una mala palabra para nuestros dirigentes.
