La Junta Central Electoral (JCE) sometió muy temprano al Congreso Nacional el proyecto de reforma de la ley electoral 275-97 y el proyecto para implantar una ley que regule la actividad de los partidos.
La JCE ha sido sistemática en plantear la necesidad de la reforma de la ley electoral, de modo que amplíe su marco de actuación, ayude a disminuir los abusos que suelen cometerse desde el poder y propicie que los actores actúen con reglas más claras y con mayor equilibrio.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) igual ha advertido sobre la necesidad de actualizar la legislación electoral, a tono con las preocupaciones de amplios sectores de la vida nacional y la mayoría de los partidos políticos.
Los legisladores se habían animado a acometer sus tareas, pero la actitud del partido gobernante impidió que llegaran a término, al menos con la ley de partidos. El PLD se enfrascó en una lucha por la forma de elección de los candidatos, lo que provocó que zozobrara la comisión bicameral que trabajaba la pieza.
Con la resolución del comité político del PLD, mediante la cual libera a sus legisladores para decidir sobre la ley de partidos, también se quita presión de la opinión pública y reduce los tenues gritos de los opositores, que se quejaban de una premeditada intención de boicotear la ley de partidos mediante el pretexto de las diferencias internas por el régimen de selección de los candidatos.
La decisión del comité político del PLD probablemente hará variar la naturaleza de la respuesta que los opositores preparaban al juego de poder desatado entre los grupos del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández.
Dejar que los legisladores peledeístas “decidan” según su libre albedrío podría ayudar a encontrar una solución que ayude a la celebración de las elecciones en 2020 en un ambiente menos caldeado, en el cual la JCE y el mismo TSE puedan ejercer con mayores niveles de autoridad los roles que se derivan de las nuevas normas.
Un paso adelante que ayuda a despejar el panorama.
