El presidente Luis Abinader ha anunciado su intención de proponer al Congreso una reducción del financiamiento presupuestal a los partidos políticos, para ser aplicado en el próximo Presupuesto General del Estado.
El solo hecho del anuncio, sin conocerse los detalles que deberán aparecer en la propuesta formal que haga el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, ha creado expectativas y conjeturas acerca de si podrá el Presidente de la República “convencer” a los legisladores para que aprueben la reducción a un 50% de los fondos que reciben.
Desde el Presupuesto Nacional, a través de la Junta Central Electoral (JCE), los partidos reconocidos reciben el 0.25% de los ingresos fiscales corrientes en años no electorales y el 0.50% en los años electorales. La distribución entre los partidos se hace en base al criterio de que sean mayoritarios o minoritarios, considerando a los que obtienen más del 5% de los votos como mayoritarios, sin frontera entre uno y otro. El que obtuvo un 5% recibe igual al que sacó el 52% de los votos. Asumiendo que la propuesta sea aplicable solo por el año 2021, porque el mandatario argumentó en su discurso del pasado viernes en la noche que “el próximo año no es electoral y los partidos podemos esperar, pero los dominicanos no”, lo más trascendente es que crea el precedente de que el financiamiento “fijo” a los partidos representa una de las cargas que generan inflexibilidad presupuestal.
El proyecto que envíe el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para reducir la cuota de financiamiento político, con cargo al erario, debería ser el punto de partida para una reforma presupuestal más profunda, más abarcadora, que permita revisar la sostenibilidad de un modelo en el cual más de una veintena de leyes, decretos y disposiciones establecen asignaciones fijas que al consolidarlas, comprometen más del 60% del monto del Presupuesto General del Estado, antes de haber sido diseñado.
La dificultad está en que el arranque de esa necesaria profilaxis presupuestal, comienza por el “derecho adquirido” por los partidos que son los jefes políticos de los legisladores. Y por experiencia, como el debate actual para reducir las asignaciones especiales que tienen los congresistas, como “barrilitos y otras facilidades”, se anticipan dificultades.
Pero vale la pena que el Presidente explore la posibilidad de una reducción más amplia y diversificada.
