Lamentable

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    Probablemente pasará como una más, pero la acción ejecutada el miércoles por seguidores del diputado Pedro Botello contra el Congreso Nacional es grave.
    La demanda liderada por el diputado reformista por La Romana por la devolución del 30% de los fondos de los trabajadores en los planes de retiro se levanta como si fuese un mandato de ley, y como tal, debe ser cumplido. Como si no hacerlo implicase una negación de derechos.

    Originalmente se afirmaba en el estado en que habían caído por la pandemia miles de desocupados, y que una devolución aliviaría su situación. La iniciativa fue una imitación del movimiento parecido en Chile, que resultó exitoso. Pero eso no significaba que aquí tenía que ocurrir lo mismo.

    Un reclamo, cualquiera que sea, se fundamenta en la justa causa, la cual debe ser expuesta con argumentos. Y sobre esa base se trata de lograr una opinión mayoritaria entre los potenciales beneficiarios, primero que todo, en los diferentes sectores del país, y especialmente, entre quienes tienen potestades para producir cambios en la legislación.

    En el debate, la causa no ha avanzado lo suficiente. Más bien ha encontrado un rechazo extendido de los principales entes sociales, políticos y económicos y de una buena parte de los mismos trabajadores.

    Ante lo que parece una pérdida en la palestra, los reclamantes cíclicamente recurren a otros medios, como las “concentraciones” en los momentos más críticos del avance del coronavirus, lo que devenía en una violación de las disposiciones de las autoridades. Asimismo, habían protagonizado manifestaciones ante el Congreso Nacional.

    El miércoles, la gente del diputado Botello llegó al límite. Optaron por la violencia, mediante el ataque con piedras y diferentes instrumentos al edificio del Congreso, incluso contra diputados.
    Un hecho muy grave que ha provocado el repudio. La pedrea no encuentra un rechazo más vigoroso, porque los legisladores están sometidos a crítica social por los grandes privilegios que disfrutan.

    Pero esa realidad no puede desconocer que las instituciones de la República deben ser respetadas. Y esa pedrea constituye una vergüenza, una afrenta.

    El auspiciador, un diputado, debe recibir la censura de sus propios compañeros. Es lamentable que esto suceda.

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