El comunicado de la embajada de EE.UU. transgredió normas diplomáticas elementales e irrespetó la soberanía nacional al desconocer el derecho de República Dominicana a aplicar su política migratoria.
La alerta a sus ciudadanos que visiten nuestro país, “especialmente para los estadounidenses de piel más oscura y estadounidenses de ascendencia africana” no debió pasar de ahí, incluso se le hubiera aceptado si se tratara de una denuncia con pruebas de que viajeros de su país supuestamente reportaron: “Haber sido retrasados, detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio en los puertos de entrada y en otros encuentros con funcionarios de inmigración basados en su color de piel”.
Pero se extralimitó al intervenir en forma grosera en nuestros asuntos internos con cuatro denuncias sobre el trato a nacionales haitianos, sin documentar ningún caso, y cuya resolución competería exclusivamente al Estado Dominicano. Estas son: 1. Que las autoridades no respetan el estatus legal de las personas que detienen. 2. Que mantienen a los detenidos en centros superpoblados, 3.Que estos no tienen capacidad de impugnar su detención y 4. Que no tienen acceso a alimentos o baños, a veces durante días, antes de ser liberados o deportados a Haití.
La indignación casi general que han provocado las imputaciones injustas de este comunicado está plenamente justificada. Igualmente la exigencia para que sea retirado ese comunicado falto de tacto, por ser violatorio de nuestra soberanía.
La reacción de la Cancillería dominicana ha sido proporcional a la ofensa y acorde con la postura del presidente Abinader, que ha demostrado que en materia migratoria su prioridad es la seguridad y el bienestar de su pueblo.
Lo deseable es que EE.UU., nuestro principal socio comercial, reconozca que se pasó de la raya. Pero si es una acción premeditada, le debe quedar claro que su gobierno debe respetar la soberanía dominicana en materia migratoria.
Hay que ser solidarios con los que huyen de la miseria y de la inestabilidad en todas partes, pero con respeto a las fronteras y al derecho soberano de cada nación.
