A leguas se veía venir una sentencia del TC que declararía no conforme con la Constitución la resolución del Ministerio de Trabajo sobre el trabajo doméstico. Hasta los leguleyos lo advertían, no así los que manejan los asuntos jurídicos del Gobierno. Ahora, entre lamentos y recriminaciones hay quienes pretenden instalar la narrativa de que lo que ha hecho el Constitucional es retrasar la posibilidad de reivindicar la labor de estas trabajadoras. Pero vale preguntarse, ahora que se ha dado marcha atrás, ¿quién retrasa? ¿El que a sabiendas desperdiciaba el tiempo porque el camino escogido conducía al fracaso, o el que ha dicho que se hagan las cosas bien para que no se siga perdiendo el tiempo y se retrase la acción justiciera a favor de las domésticas?

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