Viendo y escuchando las confesiones de Raúl Alejandro Girón Jiménez ante la jueza del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Kenya Romero, acerca de la organización delictiva que se instaló en el Centro Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) es inevitable pensar que si eso ocurría en esos estamentos necesariamente tendría que ser replicado de alguna otra forma. No son una ni dos las historias de ciudadanos cancelados en el pasado de algún departamento de la Administración pública que luego descubrían que sus salarios continuaron saliendo por mucho tiempo, y eran cobrados por terceros. ¿Quién puede asegurar que no haya otras redes?

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