El Gobierno dominicano ha promovido el proceso de creación de nuevos centros de Farmacias del Pueblo en todo el país, como parte de un esfuerzo por hacer que la salud se acerque a los ciudadanos en lugar de que tenga que ser al revés.
Si bien es cierto que esto ha sido beneficioso para una parte de la población dominicana, no menos cierto es que no es suficiente, y tampoco lo primordial en relación con todo lo que hace falta del Estado para resolver el poco acceso que tienen muchos dominicanos a ciertos medicamentos que son para ellos esenciales.
Por ejemplo, existen en el país numerosas empresas con capacidad de fabricación y abastecimiento para el mercado local completo de casi cualquier tipo de medicamentos. Sin embargo, a un sector que nunca se le ha privilegiado con incentivos particulares, se le establecen por leyes y reglamentos una serie de disposiciones excesivas, que cada vez le imponen más trabas, sin tomar en consideración las consecuencias que esto conlleva para quienes consumen medicamentos.
Además, está el problema de aquellos productos farmacéuticos que son muy caros, porque las empresas que los venden de forma exclusiva son titulares de patentes de invención que, en la práctica en nuestro país, confieren todas las ventajas de un monopolio. No obstante, ha obviado el Estado que tiene a su disposición mecanismos como las Licencias Obligatorias para autorizar que otras empresas, en circunstancias muy especiales establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, vendan los mismos medicamentos a precios significativamente inferiores. En este sentido, si fuera una prioridad ayudar en materia de salud al pueblo, se pondría en marcha un plan de emisión de Licencias en casos de interés público o, incluso, de emergencia nacional. Un ejemplo de un caso de este tipo lo constituye, sin lugar a dudas, la necesidad actual de poner a disposición de toda la población, a precios más bajos, los medicamentos necesarios para tratar la gripe que está afectando a tantas personas.
Por otro lado, si el Estado ha sido tan obviamente ineficiente en la prevención y lucha contra la falsificación de medicamentos, la venta de muestras médicas adulteradas y la venta de medicamentos vencidos, debe preocupar la alta vulnerabilidad que tienen las Farmacias del Pueblo dirigidas a un público que, por sus condiciones socioeconómicas, ha sido históricamente ignorado. Por ello, se hace necesario que el Gobierno ofrezca ciertas garantías de seguridad a los consumidores que hasta ahora no ha podido ofrecer.
Este tema es sumamente delicado porque involucra el fundamental Derecho a la Salud. Por tal motivo, debe prestársele mayor atención para que los planes que se ejecuten sean verdaderamente efectivos y no que sean, simplemente, políticamente atractivos.
