Aunque consuetudinariamente el Principio de Responsabilidad de Proteger ha sido usado por la comunidad internacional para conflictos armados, cabría preguntarnos si la situación que vive el mundo no constituye una amenaza para la Paz y la Seguridad internacionales, tomando en cuenta las migraciones irregulares, la escasez de alimentos y la crisis sanitaria que representa.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 2532 (2020), en la que pide una “pausa humanitaria”, para permitir que los Estados aborden la pandemia de COVID-19, en dicha resolución se reconoce el papel fundamental que están desempeñando las mujeres en las actividades de respuesta a la misma, así como el desproporcionado impacto negativo que tiene ésta, especialmente a nivel socioeconómico, en las mujeres y las niñas, la infancia, los desplazados internos, las personas de edad y las personas con discapacidad, pidiendo que se adopten medidas concretas para reducir al mínimo ese impacto y garantizar la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres y la juventud en la preparación y aplicación de una respuesta adecuada y sostenible a la pandemia.
La actual pandemia, y la tangible crisis económica que trae consigo, deberían ser una llamada de alerta para la comunidad internacional. Para salir victoriosos, todos los Estados deben mostrar la determinación y el compromiso de defender los derechos de las personas a la salud y la seguridad, así como otros derechos humanos. El mundo debe unir esfuerzos para derrotar la COVID-19, y el alto del fuego global pedido por la ONU tiene como finalidad permitir que los Estados se centren en este trabajo fundamental. Es un importante recordatorio de que, en tiempos tanto de guerra como de paz, los Estados tienen el deber de garantizar la salud, así como el acceso a atención médica.
El Ex-Secretario General de la ONU Kofi Annan expresó por ante la Asamblea General en fecha 21 de septiembre de 1999, la necesidad de que la comunidad internacional encontrase un nuevo consenso sobre el dilema Soberanía-Derechos Humanos. Al igual que el Sr. Annan consideramos que la soberanía de un Estado implica una doble responsabilidad: el deber externo de respetar la soberanía de otros Estados y el deber interno de respetar la dignidad y los derechos básicos de toda la población del Estado. La responsabilidad de proteger propone una nueva noción de soberanía que implica que las autoridades son responsables de proteger la seguridad y la vida de los ciudadanos y promover su bienestar.
A los Estados es a quienes les compete tutelar los valores esenciales de la comunidad internacional y contribuir al respeto de los derechos humanos en todo el mundo, lo que nos queda claro es que, para tranquilidad de muchos, los Estados no pueden actuar unilateralmente uti universi para derechos alegadamente vulnerados, las acciones a emprender deben de ser llevadas a cabo por toda la comunidad internacional, que es lo que busca la resolución 74/270, “Solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19)”, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 2 de abril de 2020.
La responsabilidad de proteger no es una norma vinculante del Derecho Internacional, y no emergerá como norma jurídica global a no ser que la práctica de los Estados respalde dicha doctrina consistentemente y se ajuste a los parámetros de legalidad requerida. No obstante, corresponde al Estado garantizar a sus nacionales la salvaguarda de los derechos fundamentales, entre ellos derechos básicos como la alimentación o la salud, tomando en cuenta que la soberanía y la seguridad del Estado han dejado de ser el único valor susceptible de ser protegido por el sistema de seguridad colectiva.
