Una parte de la oligarquía y de los políticos dominicanos ha operado con un alto nivel de impunidad, nutriéndose del Estado. Inversión por exenciones, por arrendamientos onerosos, por construcciones, por ventas a sobreprecio, por préstamos blandos, etcétera. Estos (oligarcas/empresarios/políticos) en su objetivo común de lucrarse a costa del Estado, como en “Rebelión en la Granja”, de Orwell, al final se confunden unos y otros.
En esa larga historia de impunidad y robo al erario, el pueblo es utilizado, como objeto y el “sistema” (coerción/comunicación/justicia), ha operado para sostener el entramado.
Sin dudas, muchas fortunas se hicieron de esta forma, incluyendo algunas tradicionales que seguro no resisten una verdadera auditoría histórica.
Esta mezcla, sustentada en dinero fácil, hizo cada vez más cara la actividad política. Los empresarios aupaban a cercanos, los altos dirigentes políticos a sus familiares y los demás, para ascender, debían buscar dinero de cualquier fuente, sin ninguna fiscalización.
Así, además del dinero producto de la corrupción administrativa, empezaron a recibir también donaciones de sectores ligados al narcotráfico, a cambio de algún nivel de impunidad. Luego los mismos narcos, es de suponer, se afiliaban a las organizaciones políticas para aspirar directamente a cargos electivos (Congreso/alcaldías).
En este juego se imponía el dinero, por cualquier vía, no las ideas. Por ejemplo, figuras de la talla intelectual y moral de Bidó Medina o Hugo Tolentino Dipp no habrían podido competir en esta época.
Todo esto, aunque lentamente, ha venido cambiando: el primer paso es que el pueblo se ha ido empoderando, exigiendo rendición de cuentas y sometimiento a la justicia a los funcionarios de oscuro manejo de los fondos públicos o vinculados al narcotráfico, procurando para estos casos la aplicación con firmeza de las leyes penales.
Este empuje ciudadano ha cuajado en consignas contra la impunidad, mismas que trazan un camino sin retorno, hacia mejores manejos de “lo público”.
Por todo esto la algarabía a favor de la lucha contra la corrupción, y de procesos judiciales que develen la supuesta cercanía de políticos y legisladores con sectores del narcotráfico. Esto ha fijado en el imaginario popular la idea de que empieza el fin de la impunidad en la vida pública nacional. Estos procesos implican que cada cual se rascará con sus uñas y como pueda y que cada uno ocupará el lugar que le corresponda: veremos altares caídos y otros remozados y fortalecidos.
Y, aunque personalmente siempre parto de dudar de las actuaciones del ministerio público y de las “blindadas investigaciones que realizan”, amén de querer ganar los procesos en los medios, con lo cual presionan a los juzgadores y fortalecen el denominado “populismo penal” que nos afecta; sin embargo, debo aceptar que estos procesos han revivido la esperanza en amplios sectores nacionales de que la impunidad está llegando a su fin. Aunque no soy tan optimista y prefiero esperar un poco más. Mientras, ojalá que estas investigaciones sean objetivas y desprovistas de pasiones e intereses personales o partidarios, pues para muchos ha sido un aire necesario para renovar las esperanzas en un país mejor. Otra decepción sería insoportable.
