Desde principios del año pasado Indonesia condenó a muerte a casi 100 prisioneros vía Zoom y otras aplicaciones de video, mientras que los críticos insisten en que eso es un insulto a quienes se enfrentan a dicha sentencia, informa AFP.
Siguiendo la decisión de la Corte Suprema, la nación del sudeste asiático recurrió a audiencias judiciales virtuales, después de que las restricciones de la pandemia llevaran al cierre de la totalidad de los juicios en persona, incluidos los casos de asesinato y tráfico de drogas, que pueden conllevar pena de muerte.
A día de hoy en el país hay casi 500 personas, incluidas decenas de extranjeros, esperando su ejecución. El procedimiento implica que a los condenados los llevan a un claro en la jungla, los atan a una columna, y los fusilan. Indonesia, en su mayoría musulmana, tiene algunas de las leyes antidrogas más estrictas del mundo y ejecuta tanto a traficantes nacionales como extranjeros.
Por ejemplo, 13 miembros de una red de tráfico, incluidos tres iraníes y un pakistaní, fueron condenados recientemente a ser fusilados mediante videoconferencia por haber contrabandeado 400 kilogramos de metanfetamina.
Críticas a la tendencia
De acuerdo al abogado Dedi Setiadi, que defendió a algunos de los miembros de esa red, la pena de muerte en Indonesia a menudo se reduce a largas penas de cárcel, y en este caso el juicio en persona podría haber dado lugar a un veredicto menos severo.
«Las audiencias virtuales degradan los derechos de los acusados que enfrentan sentencias de muerte, se trata de la vida o la muerte de alguien, […] la pena de muerte siempre ha sido un castigo cruel. Pero esta tendencia en línea suma la injusticia a la inhumanidad», señaló el director de Amnistía Internacional en Indonesia, Usman Hamid.
Al mismo tiempo, los críticos hicieron hincapié en que las audiencias virtuales en países con mala conexión a Internet, como Indonesia, dejan a los delincuentes incapaces de participar plenamente en los casos. «Las plataformas virtuales, […] pueden exponer al acusado a violaciones significativas de sus derechos a un juicio justo y afectar la calidad de la defensa», sostuvo la ONG Harm Reduction International.
Ante el creciente descontento de los letrados y organizaciones para la defensa de los DD.HH., la Comisión Judicial de Indonesia pidió al máximo Tribunal del país que considerara volver a los juicios presenciales por delitos graves.
