En sus primeros tres meses, suscribió préstamos millonarios con organismos internacionales
Los cien días de gobierno representan el eje fundamental del inicio de un nuevo mandato presidencial, en este período de tres meses el mandatario empieza a ejecutar sus propuestas; además se establece la denominada tregua política, donde los partidos de la oposición apoyan a unanimidad todas las propuestas del Ejecutivo.
El abogado y escritor Salvador Jorge Blanco fue juramentado como presidente de la República el 16 de agosto de 1982, tras resultar ganador en las elecciones generales celebradas en mayo con un 46.76% de los sufragios.
En su primer día como gobernante, el mandatario número 51 en dirigir los destinos de la nación designó en su gabinete a los señores Hatuey De Camps, secretario de la Presidencia; al teniente general Ramiro Matos González, jefe de las Fuerzas Armadas; Guillermo Rivera, secretario de Interior y Policía; y a José Augusto Vega Imbert y Rafael Suberví Bonilla como secretarios de Relaciones Exteriores y Turismo, respectivamente.
Asimismo, Ivelisse Prats Ramírez de Pérez fue juramentada como secretaria de Educación, Bellas Artes y Cultos; José del Carmen Marcano, secretario de Industria y Comercio; Luis Sheker Ortiz, secretario de Deportes, Educación Física y Recreación; Rafael Moya, secretario de Trabajo y Rafael Abinader, secretario de Finanzas.
Del mismo modo, Pedro Delgado Malagón, secretario de Obras Públicas y Comunicaciones; Rafael Ángeles Suárez, secretario de Agricultura; Amiro Pérez Mera, secretario de Salud Pública y Asistencia Social; Rafael Flores Estrella, secretario Administrativo de la Presidencia; Ramón Alburquerque, Técnico de la presidencia y Bernardo Vega gobernador del Banco Central.
No hubo tregua
En declaraciones a periodistas el presidente Jorge Blanco declaró que en el gobierno que encabezaba no existían la denominada “tregua política de los cien días”; en una nota publicada el 27 de noviembre de 1982 por el periódico elCaribe, el mandatario manifestó que contrario al inicio del cuatrienio de Antonio Guzmán Fernández, ciertos sectores del país habían realizado emplazamientos ante situaciones heredadas del mandato anterior y no iniciadas por el de turno.
Medidas de carácter económico
En el discurso de juramentación, el presidente Jorge Blanco anunció que su gobierno se basaría en la austeridad y
moralidad; según informaciones obtenidas del archivo de OGM.
En su alocución, el mandatario y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), comunicó una serie de medidas para restablecer la economía; mediante el decreto número 23 dispuso la reducción de los salarios a los funcionarios.
Días después de asumir como jefe de Estado, inició un programa de construcción de viviendas en el que se invertirían 90 millones de pesos y emplearían más de 40 mil personas.
Además, prohibió por un año la importación de una serie de artículos, entre ellos vehículos, alimentos, productos agropecuarios y electrodomésticos, medida que levantó momentáneamente en octubre para permitir la entrada al país de manzanas, uvas y peras para su consumo en las fiestas decembrinas.
Préstamos
Salvador Jorge Blanco asumió el gobierno bajo una crisis económica. El gobernador del Banco Central de entonces. Bernardo Vega, manifestó ante los medios de comunicación que el país se encontraba en banca rota, situación que produjo que el gobernante buscara préstamos millonarios en organismos internacionales.
La presidencia de la República llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la aprobación de un empréstito de 466 millones de dólares para equilibrar la balanza de pagos del país.
Además, suscribió tres convenios de préstamos de 46.85 millones de dólares con el gobierno de los Estados Unidos, también recibió del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 440 millones de dólares, de los cuales 150 millones estaban destinados para la construcción de la presa madrigal.
Medidas de carácter legislativo
En sus primeros días de gobierno, el presidente Salvador Jorge Blanco sometió al Congreso un proyecto de Ley denominado “Salvaguarda del Patrimonio Nacional’’, con la finalidad de detener la corrupción en la administración pública.
Del mismo modo, el mandatario introdujo en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que buscaba establecer un nuevo sistema impositivo para la expedición de placas privadas.
Asimismo, depositó ante el Poder Legislativo una legislación que tenía como objetivo aumentar los impuestos a las clases de mayores recursos económicos, crear un impuesto anual a la propiedad urbana y entregar al Estado parte de las ganancias producidas por las ventas o transferencias de estas.
