El pasado 21 de octubre, un periódico de circulación nacional publicó un artículo titulado ‘Preocupa a víctimas de violencia de género cancelación de abogadas les asistían en Ministerio de la Mujer’. Abordó el desconcierto de usuarias (de servicios) víctimas de violencia contra la mujer, quienes de manera brusca se enteraron del despido de las abogadas apoderadas de sus casos, en el programa de asistencia legal gratuita del Ministerio de la Mujer.
El artículo relata: “Una abogada, que pidió reserva de su nombre, se quejó de que cuando le informaron que había sido cancelada, vía teléfono, estaba en un tribunal para conocer un proceso penal por abuso sexual y que tuvo que decirle a la mujer afectada que no podía subir a representarla, porque la habían despedido.” En procesos como la apelación, quedarse sin defensa puede significar que esa mujer pierda su caso, en medio de vaivenes legales que frecuentemente ocupan años de sus vidas: años marcados por el estrés, la ansiedad y la frustración.
A nivel nacional, estos despidos afectan a decenas de abogadas cuyo trabajo en los tribunales incluyó expedientes de abuso, de violencia sexual, de manutención y casos relacionados a la guarda de hijos e hijas que tuvieron con su eventual maltratador.
La prioridad es el bienestar de las mujeres que se encuentran en la nunca envidiable posición de litigar para defender sus vidas ante la violencia machista que les ha tocado vivir. Pero para los fines de este seriado, se han valorado los testimonios de varias abogadas que hoy se encuentran en la intemperie laboral y han solicitado anonimato para expresarse libremente sobre sus experiencias enfrentando la violencia contra la mujer dentro del sistema judicial dominicano.
“A nivel institucional, los despidos han sido masivos”, expresa una de las abogadas. “Fue un ambiente caótico. Es impactante porque muchas de nosotras llevábamos casos delicados de violencia… temas muy espinosos que prefiero no mencionar, que han quedado en la intemperie. ¿Para sustituirnos con qué? El personal que está entrando no tiene formación alguna en esos tipos de casos.”
Conscientes de que a veces los cambios de gobiernos auspician cancelaciones indiscriminadas, sostienen que: “Se anticipaba que hubiera algunos despidos, pero eso ha sido un desastre. Pensamos que habría una sustitución, quizás, o una introducción gradual de nuevo personal calificado para ir entrenándose en esta área, pero ha sido un barrer con todo, sin siquiera tomar en consideración que despedir a una abogada de violencia, significa dejar esos 30 expedientes que llevábamos en el aire”.
¿Por qué ustedes creen que se está dando este accionar? “Desde hace mucho tiempo, el Ministerio de la Mujer ha estado consumido por una politiquería muy perjudicial para la institución, y para las usuarias. Hay que entender que la violencia contra la mujer, es un tema extremadamente delicado. Entrar y botar gente por política, priorizando que ‘ese puesto es mío’, sin consideración a que esos expedientes representan la vida de una mujer, es dañino. Pensé que tendrían la delicadeza de entender que las abogadas lo que hacíamos era tratar con gente vulnerable y darles seguimiento a sus situaciones. Hay un factor humano que se descuidó completamente”, interpela una hoy ex empleada de la institución.
¿Y qué ha pasado con esas usuarias? “En muchos casos, no se les informó a las usuarias, previo a las audiencias, que se quedaron sin abogadas. Es muy duro tú despertarte un día, confiando que tienes una abogada llevándote tu caso, y enterarte en pleno tribunal que no es así. Las usuarias son seres humanos y hay que reconocer que les resulta difícil hablar sobre estos temas. Muchas veces tú has durado años tratándolas. Dejarlas a la intemperie, en etapas delicadas del caso, es una desconsideración brutal. Se establece una confianza entre ustedes, y empezar desde cero recontando experiencias que son traumáticas, es revictimizar a esa mujer”.
