Cinco cambios al sistema electoral que no funcionaron

La reelección presidencial, el voto preferencial y la separación de las elecciones encabezan la lista de las reformas y contrarreformas en 23 años

La reelección presidencial, el voto preferencial y la separación de las elecciones encabezan la lista de las reformas y contrarreformas en 23 años

El debate en el país sobre los cambios que necesita el sistema electoral y el político es permanente y las recetas para curar males del ejercicio político son tan variadas como el abanico de intereses que convergen en el sistema partidista dominicano.

El país lleva 23 años, desde el 1994, en cambios permanentes al sistema en busca de que la participación política se haga en un ambiente de garantías en aspectos como la participación, inclusión, equilibrio e igualdad, sin embargo, las quejas sobre deficiencias en esos renglones parece que se profundizan en lugar de disminuir a pesar de todos los cambios.

A propósito del debate actual de los cambios que necesitan el sistema electoral y político, encontramos cinco grandes cambios que se han hecho al sistema y que no han funcionado.

1 Voto preferencial. El voto preferencial fue implementado por primera vez en el 2002 por la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) 05/2001. Las razones para su implementación fue que garantizaba una participación más directa de los ciudadanos en la elección de sus representantes. Igualmente, que quitaba a las cúpulas de los partidos la facultad de colocar en las boletas mediante listas cerradas y bloqueadas de manera arbitraria.

Tras la primera experiencia se empezaron a disparar las alarmas de los aspectos negativos de esa modalidad y en el 2006, provocó que más actores del sistema político y electoral se sumaran a las voces que pedían descontinuar por el “canibalismo” que genera.

Luego de las elecciones congresuales y municipales del 2010, la JCE decidió eliminarlo mediante la resolución 74/2010. Los legisladores impusieron el modelo mediante la ley 57/13 e incluyeron el voto preferencial para el nivel municipal. Ahora se discute eliminarlo en la ley de partidos y agrupaciones políticas. La medida la apoyan la JCE, la dirigencia de los partidos y la sociedad civil por la imposibilidad logística que implicaría.

2 Elecciones separadas. La reforma a la Constitución que se hizo en el 1994 separó las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales con el argumento de evitar el arrastre que impone la figura del candidato presidencial en los demás cargos electivos. Las críticas eran que el país estaba en campaña política permanente y que por eso, incluso, los dirigentes descuidaban las labores internas de los partidos. En la reforma a la Constitución en el 2010 se unificaron de nuevo las elecciones, pero el dilema queda abierto porque los comicios municipales se harán cuatro meses antes que las presidenciales y congresuales. Aunque el modelo aún no se sabe cómo resultará, no han faltado quienes lo consideran una decisión que podría ser objeto de reforma a futuro por el impacto que el resultado municipal pueda representar en otros niveles de elección.

3 Financiamiento. Desde hace varias décadas el costo de la política se ha convertido en uno de los grandes dolores de cabeza para esa actividad, no solo en el país, sino en toda América Latina. Es por ello que los sectores políticos del país aprobaron por primera vez el financiamiento público a los partidos en el artículo 50 de la ley 275-97. El argumento para esa decisión es que eso evitaría que el dinero de origen espurio penetrara a la actividad política. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido y por el contrario el problema se ha agravado y ahora la discusión es cómo transparentar el aporte de los recursos privados que llegan a las campañas electorales. Igualmente, cuando se aprobó la ley el financiamiento que otorga el Estado a los partidos se distribuía así: 25% en partes iguales entre los partidos o alianzas que la JCE le hubiese aprobado candidaturas independientes. El restante 75% en proporción a los votos de cada partido. En el 2005, eso se modificó mediante la ley 78-05, que estableció que el 80% del financiamiento se entrega a los partidos que obtuvieron más del 5% de votos; el 12% en partes iguales entre los que obtuvieron menos de un 5% y el restante 8% en función de la votación que obtuvieron los partidos que sacaron menos del 5%. Esa modalidad está en agenda de modificación. La propuesta de la Comisión Bicameral que estudia la ley de partidos es que el 80% de los recursos se distribuya entre los partidos en función a la cantidad de votos obtenidos. Los legisladores discuten fórmulas de regular el financiamiento privado.

4 Cuota femenina. La participación de la mujer en la actividad política siempre ha sido un tema de debate por la inequidad que ha caracterizado su representación en el Estado. En el 1942 se instituye por primera vez el derecho al voto femenino, pero el derecho de ser elegida sigue siendo una conquista en construcción. La ley electoral del 1997 en su artículo 68 estableció que en las propuestas de candidaturas cuando se trate de elecciones congresuales, los partidos debían nominar no menos del 25% de mujeres.

Tres años más tarde fue modificado por la ley 12-2000 que aumentó a 33 por ciento la cuota de candidatas que los partidos deben presentar a la JCE para los cargos de diputados, alcaldes y regidores. Sin embargo, los sectores que promueven equidad en los cargos del Estado entre hombres y mujeres, han propuesto que en el marco de la ley de partidos se establezca una cuota de 50% de las candidaturas de cargos de elección popular y a lo interno de los partidos para las féminas.

5 Reelección presidencial. El periodo de ejercicio de la Presidencial ha sido de los temas constantes en el debate político del país desde la fundación de la República. En los últimos 23 años no ha sido distinto y la mejor muestra es que todos los presidentes que han ocupado la Presidencia desde esa fecha han modificado la Constitución para tocar ese aspecto. La modificación que se hizo en el 1994 prohibió por primera vez la reelección presidencial consecutiva. Luego en el 2002, durante la presidencia de Hipólito Mejía, fue modificada y por primera vez se establece el modelo de dos periodos consecutivos sin la posibilidad de retornar. Leonel Fernández en sus gestiones 2004-2012, impulsó una profunda reforma a la Constitución que se concretizó en el 2010 y tocó el tema de la reelección. En acuerdo con Miguel Vargas se modificó para volver al modelo del 1994, es el único caso en que la modificación no se ha impulsado para beneficiar en lo inmediato al presidente en ejercicio. El presidente Danilo Medina llegó a un segundo mandato por una reforma constitucional al impulsar el modelo de dos periodos consecutivos y “nunca jamás“ y en el 2015 el artículo 124 fue modificado para permitir la reelección.

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