El juez Pablo Imbert ratificó este viernes las medidas de coerción que pesan contra ocho de los 11 implicados en el caso de corrupción denominado Pulpo.
Tras escuchar los planteamientos del Ministerio Público y los alegatos de la defensa, el magistrado, quien funge como suplente en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió que Carmen Magalys Medina, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, continúen en arresto domiciliario.
El juez Imbert también ordenó que sigan cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, Fernando Rosa, exdirector del Fonper; Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Así como, Aquiles Christopher, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oisoe; Wacal Méndez Pineda, Julián Suriel Suazo y José Dolores Santana, recluidos en el mismo penal.
Aquiles Christopher está muy enfermo
En el caso de Christopher, sus abogados indicaron que tiene problemas cardíacos. El juez dijo que para validar su condición de salud deben presentar un certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
«Ya el Inacif lo validó y comprobó la situación médica de nuestro cliente, que sus médicos dicen que debe estar en su domicilio, sin embargo, para esta audiencia no fue posible presentarla porque la Procuraduría no nos ha entregado el certificado», dijo el jurista Juan José Eusebio, quien además explicó que una vez tengan el documento a mano presentará una nueva solicitud de revisión de medida de coerción para que se le varíe la prisión preventiva a Christopher.
Explicó que el imputado ha sufrido dos infartos y sus médicos han determinado que tiene posibilidad de otro, ya que se han obstruido casi en un 70 por ciento sus venas coronarias. Dijo que los galenos han recomendado realizarle un cateterismo.
«Si surge un evento cardíaco en la cárcel no tienen la capacidad para tratar este tipo de situaciones, por lo que es en su domicilio donde puede estar para poder ser trasladado de emergencia en caso de que se presente un evento de esa naturaleza», sostuvo Eusebio.
De su lado, la fiscal Mirna Ortiz indicó que están haciendo todas las diligencias necesarias para realizar las evaluaciones médicas correspondientes.
Dijo, además, que la decisión del juez demuestra una vez más «la contundencia de la medida de coerción», que presentaron en contra de los imputados.
«Con esta ocasión van seis veces que distintos jueces examinan el valor de la medida y la contundencia de las evidencias presentes por el Ministerio Público y todos los jueces han estado de acuerdo con que la medida idónea es la prisión preventiva», precisó Ortiz, coordinador de la Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El juez Imbert no conoció la revisión de la prisión preventiva de Alexis Medina, preso en Najayo, sino que lo hará el miércoles 21 de julio, a los fines de que sus abogados reciban las pruebas que el Ministerio Público tiene en su contra.
Tampoco revisó la medida de coerción de Rafael Germosén, excontralor general de la República, contra quien pesa arresto domiciliario y pidió que se mantenga; y la de Domingo Santiago Muñoz, alegado testaferro de Alexis, ya que solo tiene presentación periódica.
Antecedentes del caso
De acuerdo con la acusación, con la Operación Anti Pulpo, el Ministerio Público desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpeta controladas, supuestamente por Alexis Medina, quien, dicen, aprovechó su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020) para establecer negocios con el Estado.
A los coimputados Francisco Pagán y Aquiles Christopher, entre otros delitos, se les atribuye incurrir en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oisoe.
Además, Julián Suriel Suazo es acusado de prestar su nombre para servir de testaferro al principal acusado Juan Alexis Medina Sánchez.
El Ministerio Público le imputa a Fernando Rosa sobrevaluación en las obras realizadas durante su gestión al frente del Fonper.
Las investigaciones arrojaron que Carmen Magalys Medina, en su condición de vicepresidenta administrativa del Fonper, maniobró para que su hermano Alexis Medina fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado.
Wacal Méndez Pineda, supuestamente, fungía como el tesorero de todas las empresas que forman parte del referido entramado societario de Alexis Medina. Se le atribuye enriquecimiento ilícito, así como incurrir en lavado de activos producto de sus vínculos con dicho entramado de corrupción.
En la gestión de Freddy Hidalgo, de acuerdo al expediente del caso, se malversaron al menos RD$236.9 millones en favor del entramado delictivo.
José Dolores Santana también es acusado de ser testaferro, al igual que el encartado Domingo Santiago Muñoz, a quien se le atribuye camuflar múltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Alexis Medina.
