Después de una semana sin respuesta, decenas de exempleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste se volvieron a manifestar frente a ese cabildo para denunciar despidos masivos sin la entrega de la carta de cancelación ni el pago del último mes trabajado.

Juan José Polanco, de 63 años y discapacitado, trabajó por 16 años en el cabildo. “Ni siquiera una carta, o un aviso nos dieron.
Debieron tener aunque sea un poco de consideración porque estamos en tiempos de coronavirus”, lamentó.

De su lado, Dolores Paniagua, quien trabajaba desde el 2002 en el área de aseo urbano, manifestó su descontento con su cancelación. “Ya no tengo qué hacer. A mi edad, ¿dónde me van a contratar? Esto es un abuso”, expresó la dama de 59 años.

El Consejo de Regidores del municipio sesionó en la Sala Capitular del cabildo ayer y, entre otras cosas, crearon una comisión para conocer las denuncias de esos extrabajadores. Consideraron la situación como violatorio a la Resolución Nro. 060-2020 del Ministerio de Administración Pública y la Ley 176-07 en su artículo 52 letra Q.

La vocera del bloque del partido Fuerza del Pueblo, Adhamilka Espinal, advirtió que no está de acuerdo con las cancelaciones, pero “a todo el que no trabaje, no se le debe mantener contratado”.

Agregó, sin embargo, que por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 esos despidos “representan un balde de agua fría para las familias de esos exempleados”.

En la sesión igualmente se creó una comisión para analizar la instalación de seis bombas que no fueron aprobadas por el departamento de Planeamiento Urbano ni el Consejo de Regidores.

Todos los manifestantes trabajaron en la administración de Francisco Peña, quien buscaba reelegirse como alcalde por el PLD y fue vencido por José Andújar, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Dice es “abusiva” decisión del cabildo

Luis Díaz Filpo, vocero del bloque del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), calificó la situación como “abusiva”. “Es inaceptable que al día de hoy ni siquiera le hayan dado la carta. Eso es una franca violación a las leyes”. “El país vive uno de los momentos más difíciles en muchos ámbitos. Para una familia, que uno de sus integrantes pierda el trabajo es una desgracia”, dijo.

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