Santiago. Representantes de organizaciones ambientalistas de Santiago y grupos de la sociedad civil de Villa González demandaron la intervención urgente del Ministerio de Medio Ambiente ante los daños que se les ocasionan al pico Diego de Ocampo.
Bárbara Nayelis Reyes, exvicealcaldesa de Villa González, denunció los daños en la zona de amortiguamiento del Pico Diego de Ocampo mediante la extracción de materiales y otras actividades, ante la mirada indiferente de las autoridades, a pesar de su ilegalidad.
Los daños afectan a las comunidades Julissa, Mireya, El Martillo, Palmajero y Los Sosa.
Hoy emplazarán a las autoridades municipales para que tomen acciones, debido a que se pretende aprobar una segunda empresa para la explotación de minas.
En varias ocasiones, la comunidad de Villa González, encabezada por sus autoridades municipales, ha protestado con vigilias y marchas contra los permisos otorgados a una empresa constructora para la explotación de una mina
Preocupación de Soeci
La Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci) solicitó al presidente Luis Abinader y a la vicepresidente Raquel Peña, que se anule un permiso que, según la entidad, ambientalista, fue otorgado de forma fraudulentamente dentro de la zona protegida del Pico Diego de Ocampo.
Mayelin Consuegra y Luis Polanco, presidente y director ejecutivo de la entidad ambientalista, consideraron como inaceptable que a estas alturas no se haya anulado el permiso que enajena parte de la zona protegida. Lamentaron que se autoricen construcciones privadas dentro de la zona núcleo del pico Diego de Ocampo. En la zona se ha planteado construir un hotel basado en casas de campaña, que busca cerrar con un portón que controla la entrada y salida principal de la reserva natural.
Creen afectaría áreas protegidas
Luis Polanco consideró que de materializarse la iniciativa, se estaría violando la Ley de Medio Ambiente y Recurso Naturales 64-00 y la Ley 202-04 de Áreas Protegidas. Cuestionó el papel jugado por las pasadas autoridades y lamentó que las actuales no intervengan para detener lo que denomina daños a los recursos con que cuenta el país.
