Fue fijado para el próximo miércoles el conocimiento de la medida de coerción contra una de los acusados de estafar a los miembros de la denominada familia Rosario, mientras las víctimas esperan que el Ministerio Público arreste al principal imputado, el abogado Johnny Portorreal.
Ayer, el juez Juan Rodríguez Consoró, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso que la vista contra Miguelina Gómez Santana se conozca el referido día para dar tiempo a sus abogados de estudiar el expediente.
Pero, además de Gómez Santana, los estafados están pidiendo que la Fiscalía del Distrito Nacional aprese a Portorreal, contra quien pesa una orden de arresto desde hace varios días. Además de estos, son acusados Hilario Amparo y Miguel de Oleo, quienes se encuentran prófugos.
Exigen justicia
“Queremos que se nos haga justicia con estas personas, que se han mofado de nosotros, queremos también que lo que Portorreal haya traído de Europa se le quite, que sea entregado a la familia, porque para eso se le pagó el viaje”, expresó Yuly Báez Henríquez, una de los 280 estafados.
De acuerdo a la Fiscalía, el grupo les prometió a las víctimas el cobro de una supuesta herencia millonaria ascendente a 13 mil millones de euros, que presuntamente dejaron Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos), en España y Suiza.
Indicó que Portorreal y sus asociados cobraron altas sumas de dinero a los alegados herederos, que iban desde 15 mil hasta 24 mil pesos por persona, para supuestamente hacer las diligencias del cobro de la falsa herencia.
Contra los acusados, la Fiscalía está pidiendo la imposición de prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación compleja.
Fiscal dice cuentan con elementos suficientes
El fiscal Denny Silvestre aseguró que cuentan con suficientes elementos para que se les dicte prisión preventiva a Miguelina Gómez Santana y a los demás imputados, cuando sean apresados. Al grupo se le imputa la violación de los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal, que tipifican la asociación de malhechores y la estafa, así como la Ley 155-2017 sobre Lavado de Activos.
