Una vez concluidos los procesos electorales de este año y ya escogidas las autoridades nacionales para el cuatrienio 2020-2024, el movimiento cívico Participación Ciudadana sostuvo en su informe final de observación electoral que durante estos eventos la JCE no ejerció el poder que le otorgan la Constitución y las leyes para cambiar los aspectos sustantivos que han afectado las elecciones en el país.
En un extenso documento, que fue presentado ayer a los medios de comunicación, la entidad sostiene que aunque es cierto que la Junta Central Electoral (JCE) afrontó circunstancias especiales y difíciles, en muchos casos sus decisiones fueron cuestionadas por la opinión pública y por la oposición política, además de que varias de sus disposiciones fueron rechazadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Para Participación Ciudadana, las mayores “falencias” del órgano comicial fueron en las funciones de control y supervisión de los actores políticos y que, sobre todo, “perdió la oportunidad de constituirse en una verdadera contención del desbordado abuso del poder, función que le otorgan la Constitución y las leyes”.
Ante estos señalamientos, la organización planteó la necesidad de que el país se aboque a una “reforma profunda” de la cultura política y electoral, la cual, según indica, debe iniciar con la designación de una Junta Central Electoral que no tenga representaciones partidarias, esté integrada por profesionales multidisciplinarios que incluyan las áreas de administración y gerencia de procesos, informática, finanzas, derecho, ciencias políticas, entre otras.
“Ciudadanos y ciudadanas con una reputación de independencia, eficiencia, integridad, laboriosidad y carácter, ganada en el sector público o privado, que les permita liderar y arbitrar los cambios que encaminen al país a la celebración de comicios más democráticos, transparentes y apegados a las leyes”, señala el informe.
Hay que revisar sistema partidario
En cuanto a los resultados electorales que se derivaron de estos certámenes, la entidad señala que estos demostraron nueva vez la necesidad de revisar el sistema de partidos en lo concerniente a la vigencia de estos. Indica que de los 27 partidos que participaron en las elecciones de julio, a nivel presidencial, sólo 5 obtuvieron por encima del 1%, mientras que a nivel senatorial y de diputados, sólo 9 superaron el mínimo.
“Estos resultados, así como la historia de las últimas décadas, confirman que muchos de esos partidos no cuentan con la aceptación, ni la vocación de representación de la población. Es bien conocido que la mayoría de ellos, en cada proceso electoral, negocian las alianzas que les reportan los mayores beneficios, recibiendo a cambio instituciones completas para su libre disfrute, hipertrofiado la nómina pública, sin prestar ningún servicio al país, ni siquiera en las luchas democráticas”, critica.
En tal sentido, el movimiento afirma que constituye un reto para la Junta Central Electoral la aplicación de la Ley de Partidos, cuyo artículo 75.1 la obliga a dictar resolución declarando disuelta la personería jurídica del partido, agrupación o movimiento político por no haber alcanzado “por lo menos un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones”.
“Antes que interpretar esto como un golpe a las minorías, es una oportunidad para que éstas se planteen nuevas estrategias de unidad, revisen sus propuestas y pongan en práctica métodos innovadores para captar el apoyo de la población”, dice el documento.
Reelección, COVID, automatización
En su informe, la organización indica que los intentos reeleccionistas del presidente Danilo Medina, el voto automatizado y la pandemia generada por la COVID-19 trastornaron en gran manera los procesos electorales que iniciaron en 2019 con la celebración de las primarias abiertas y cerradas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), respectivamente.
“Los afanes continuistas del partido y el Presidente en el poder incidieron de manera negativa en la práctica política, primero creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza y, segundo, violando todos los controles al abuso del poder del Estado que se quisieron establecer en las nuevas leyes. República Dominicana tuvo que afrontar los intentos por modificar la Constitución para permitir una nueva repostulación del Presidente Danilo Medina y luego del fracaso de estos, la imposición de un candidato favorable y la puesta de todo el Gobierno y los recursos públicos a favor de ese candidato”, apunta.
Sobre la COVID-19 mencionó que la enfermedad influyó de manera determinante.
Impunidad en delitos y trabas en voto en exterior
Participación Ciudadana fue enfática en señalar, nueva vez, que en el país persiste la impunidad en los delitos electorales y, en consecuencia, plantea que para superar esa cultura, la JCE debe tomar la iniciativa de recopilar todos aquellos casos en los que existan pruebas y tramitar una solicitud a la procuraduría especializada en estos delitos para que proceda a su investigación y procesamiento judicial. De igual forma, mencionó que durante el proceso de observación electoral, percibió que el voto de los dominicanos en el exterior “sigue quedando en la cola del interés de las autoridades electorales, más allá de las particularidades que presentó la pandemia”, por lo que recomienda subsanar los obstáculos.
