Santiago -En medio de pedido de recusación contra la jueza Iris Borges, de la Oficina de Atención Permanente, continúa con el conocimiento de medida de coerción contra 23 procesados en el caso Falcón.
Esto, en medio de nuevos operativos por parte del ministerio público, con la incursión en una financiera que recientemente fue incautada.
La fiscalía penetró al módulo 10 de la plaza ubicada en la avenida Estrella Sadhalá.
La acción busca nuevos documentos que le permitan recabar otras pruebas contra los 27 de los apresados de los 29 imputados en la red de lavado y narcotráfico.
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La jueza, quien llegó una hora y 30 minutos después a la audiencia, conoce la solicitud del Ministerio Público que pide 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso como complejo.
A las 4:00 de la tarde hubo un receso en medio de constantes incidentes por parte de la defensa de los acusados.
Previo a la audiencia el grupo llegó en pantalones cortos, camisetas y chanclas debido a las altas temperaturas y a supuestas quejas por supuestos maltratos por parte de las autoridades.
Esto obligó a que una parte de los imputados fueran bajados y llevados a un área para que se vistieran de manera formal.
Ante la estrechez de la Oficina de Atención Permanente, la medida es conocida en la sala del Primer Tribunal Colegiado.
El caso envuelve al menos siete integrantes de la familia Mosquea y Polanco, parientes de Erick Randhiel Mosquea Polanco.
Este es el principal cabecilla y que aún permanece prófugo de la justicia.
