Ley de protección animal está rezagada en su cumplimiento

El Gobierno tiene en sus manos las herramientas la protección de los animales.
En el país impera el abuso y desamparo de los caninos, felinos y equinos

En la República Dominicana desde algunos años la reivindicación social se ha vigorizado en sus luchas por los derechos que les corresponden, como una administración pública que actúe de acuerdo a la ley y una justicia que sea independiente y ecuánime.
Asimismo, ha despertado un país que defiende y denuncia, hasta hacer justicia, los atropellos que se cometen en contra de los animales, en especial de los caninos, felinos y equinos.

Actualmente el país, respecto a este precepto, se rige por la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable, número 248-12, sin embargo, es rezagada en su cumplimiento, además de que posee límites en su accionar jurídico que merman el objeto y ámbito de ejecución al respecto. El maltrato animal, desafortunadamente, se ha convertido en cotidianidad, a pesar de que esta ley se promulgó bajo las premisas de evitar y castigar cualquier agresión, empero, es común los videos y fotos publicados en las plataformas digitales que muestran hasta dónde es capaz el ser humano de provocar dolor y maltrato a perros, gatos, caballos o mulas con acciones grotescas.

Igualmente, la latente tesitura caníbal de la mano de un pueblo que desconoce la ley, pero que no tiene ningún remordimiento en su accionar, junto a un Estado que se muestra ambivalente para la protección de los animales, ocurre lo que es evidente hoy en día: que es preciso hacer viral la denuncia para concienciar y acatar la atención de las autoridades para que cumplan su rol y los abusadores de animales puedan ir hasta los tribunales a responder por sus barbaries, de lo contrario, estas acciones permanecen impune ante la vista de todos.

Antecedentes

El 6 de agosto del año 2012 se promulga la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, en los últimos días de gestión del Gobierno del expresidente Leonel Fernández, con el objeto de establecer las obligaciones del Estado para la protección animal, prevenir y erradicar todo maltrato y actos crueles contra los animales que los martiricen o molesten, velar por la salud y bienestar de los animales y fomentar y promover la conciencia social en cuanto a la protección y cuidado de estos. No fue hasta agosto de 2020 que se inauguró, apenas, el primer Centro de Atención al Ciudadano del Departamento de Protección Animal del Ministerio Público, es decir, ocho años después de la puesta en vigencia de la ley, una evidente muestra de la pobre atención que tienen los animales en la República Dominicana.

La educación ciudadana es fundamental para detener la falta de comedimiento de desaprensivos en la tenencia de animales, así lo especifica el artículo 5 de la legislación mencionada. “El Estado, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, está en la obligación de crear y promover planes y programas educativos orientados a inculcar en los ciudadanos el respeto a la vida y los derechos de los animales”.

Alcances

A pesar de que la jurisprudencia animal es amplia y determina los roles de cada entidad o persona jurídica involucrada en la protección animal, su ejecución es muy tímida o simplemente ignorada con totalidad. Algunos de los puntos neurálgicos en los que aún el país cuenta con grandes deficiencias es respecto al cumplimiento de los siguientes artículos de la disposición legal: Artículo 8, obligación de vacunar animales; artículo 9, supervisión de vacunas; artículo 10, supervisión de animales en espectáculos: artículo 11, recogida de animales (deambulando); artículo 12, instalación de albergues; artículo 13, instalación de casas por instituciones protectoras; artículo 22, prohibición de carga excesiva en vehículos; artículo 25, prohibición de uso de animales enfermos; artículo 28, prohibición de maltrato a los animales de carga; artículo 30, prohibición de acarreo y venta de productos empleando animales; artículo 32, prohibición de procedimientos de crueldad para el traslado; artículo 43, sacrificio de animales destinados al consumo y artículo 50, prohibición de sacrificio de animales domésticos, estos solo por mencionar varios.

Por otro lado, con afinidad a las disposiciones generales, este estatuto en el artículo 69 habla sobre un punto de interés colectivo, la “Policía Animal”, y describe lo siguiente: La Policía Nacional, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, los ayuntamientos y las juntas de los distritos municipales podrán crear unidades de Policía Animal, que contribuyan y participen en el rescate y cuidado de animales. A pesar de ser muy sustancial, no existen evidencias o policías reconocidos que se dediquen específicamente a cuidar a los animales, en cambio, en octubre de 2020, suspendieron al mayor Ramón Berroa, por presuntamente matar con su arma de reglamento y sin “justificación” a un perro que le ladró mientras se desplazaba por la avenida Presidente Henríquez en la provincia San Pedro de Macorís, según informó el Cuerpo del Orden en un comunicado oficial como “medida cautelar en los casos de procedimientos disciplinarios por falta muy grave o grave”. Así como este lamentable caso, ocurren cientos más. ¿Dónde está la Policía Animal?, los hechos se narran solos.

En tanto que, según las declaraciones a la prensa del procurador adjunto, Rodolfo Espiñeira Ceba­llos, miembro del Conse­jo Superior del Ministerio Público, la Unidad de Protección Animal de la Procuraduría tiene “limitaciones económicas” con solo una partida de presupuesto mensual de RD$200,000, es decir, RD$2,400,000 anualmente. Solo en el mes de agosto de 2021 sus pasivos fueron de RD$273,000, agotando el importe total asignado ese mes en cuidado, alimentación y vigilancia de animales.

Actualidad

En otro orden, existe una nueva generación de ciudadanos, políticos y empresarios que abogan por la protección animal. Actualmente, la Dirección General de Programas Es­peciales de la Presidencia (Propeep), tiene la disposición de construir el “Primer Albergue Mode­lo Estatal”, para el rescate y cuidado de caninos.
Asimismo, recientemente, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dispuso de oficio, o por denuncias, los casos de maltratados a los animales se registren en los distritos judiciales del país, en aras de perseguir y someter a quienes incumplan la ley de protección animal establecida.

De igual modo, el diputado por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, ha levantado la bandera como el “defensor de los derechos de los animales” y se mantiene activo al respecto, por lo que propone una “nueva ley de protección animal” y difunde a través de las redes sociales con el “hashtag” “NuevaLeyProtecciónAnimalSOS”.

Fernández propone un nuevo Departamento de Protección Animal dentro de la Policía Nacional, que deberá tener un alcance nacional y cuyas responsabilidades serán delimitadas en el reglamento de esta ley. “La Policía de Protección Animal podría proceder a ejecutar acciones que la Constitución y la ley le faculta, sin necesidad de denuncia o querella por parte de terceros”, señala el representante de la Cámara Baja. Esta campaña ha tomado aún más fuerza luego de la denuncia pública del acribillamiento de la perrita “Alma” con seis disparos por “pasear en el patio del vecino” el pasado 20 de septiembre en la provincia Espaillat. El Gobierno tiene en sus manos las herramientas para cambiar la realidad de la triste “protección” de los animales en el país.

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