Este miércoles, la Justicia ecuatoriana negó la libertad bajo fianza a Ola Bini, ciudadano sueco detenido desde hace 48 días en la nación andina, y que ha sido vinculado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
La jueza Yadira Proaño, quien condujo la audiencia, señaló que la solicitud de la defensa fue negada debido a que la Fiscalía de Ecuador no ha dado precisiones del supuesto daño causado por Bini, a quien acusan de presunto ataque a la integridad de sistemas informáticos en el país, y por lo tanto no se puede fijar un monto de fianza.
La audiencia se realizó en privado, luego que Proaño desalojara la sala, ubicada en el Complejo Judicial Norte de Quito, tras el sonido de un celular.
En el salón tampoco estaba presente Bini, debido a que la Proaño negó la solicitud de la defensa técnica del joven para que compareciera en físico y dispuso que el involucrado estuviera a través de videoconferencia.
Bini, quien se considera un activista por el software libre, fue detenido el pasado 11 de abril —el mismo día que Assange fue despojado de su asilo diplomático y arrestado por la policía británica—, cuando intentaba abandonar Ecuador.
Ese día, la ministra del Interior, María Paula Romo, informó que se trataba de «una persona muy cercana» a WikiLeaks que vivía en Ecuador. Señaló que tienen, además, «varias evidencias de su relación con Ricardo Patiño, quien era el canciller de la República cuando se otorgó el asilo [a Assange]».
Según la ministra, la detención se realizó «simplemente con fines de investigación». Sin embargo, a la fecha, Bini permanece detenido en Ecuador.
La defensa del joven señala que hasta ahora desconocen las pruebas que tiene la Fiscalía contra su defendido, porque no están en el «expediente procesal». Además, niegan que el informático sea un colaborador del fundador de WikiLeaks.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) explica que solo existen cuatro motivos para que la Justicia ecuatoriana niegue una fianza, según los establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 544: delitos contra menores, personas con discapacidad o adultos mayores; delitos con penas de más de cinco años; cuando ya tuvo fianza antes y la incumplió; y delitos de violencia intrafamiliar.
De acuerdo a esa organización, Bini no cumple con ninguna de esas cuatro razones.
Con la decisión de Proaño se continúa la prisión preventiva a Bini, que ratificaron a principios de año los jueces Juana Pacheco y Fabián Fabara, dos de tres juristas de la Corte Provincial de Pichincha.
Al leer la sentencia, entonces, los jueces señalaron que tomaron en cuenta la amistad y conexión directa de Bini con Assange, y las supuestas amenazas que WikiLeaks habría emitido contra el Gobierno ecuatoriano, tras la terminación del asilo al activista en la Embajada de Ecuador en Londres.
La semana pasada se dio a conocer una petición que hicieron el Relator de Libertad de Expresión, David Kaye, y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a Ecuador para que dé explicaciones sobre la detención y proceso judicial contra Bini.
«Sin pretender prejuzgar los hechos alegados, quisiéramos expresar nuestra consternación, particularmente, porque el arresto y los cargos contra el Sr. Bini parecen estar conectados al apoyo público y su amistad con Julian Assange, así como con su trabajo y activismo en el área de la privacidad», dice parte del documento, que también está firmado por Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
