El juez Moisés Ferrer Landrón, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), interpuso una acción de amparo de extrema urgencia para que su traslado de una sala a otra, de las de las tres que existen en el alto tribunal, quede sin efecto.
La acción fue depositada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con la cual el magistrado Ferrer Landrón busca su reposición inmediata como titular de la Tercera Sala de la SCJ, tras ser traslado sin su consentimiento, a la Segunda Sala.
A través de sus abogados, explicó que con el traslado forzoso, dispuesto por el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, se transgreden sus derechos fundamentales, la inamovilidad en el cargo y la independencia judicial, que dijo están previstos en Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, que además, es una violación a precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Es por esto, que solicita, además, que se ordene al Pleno de la Suprema Corte de Justicia y a su presidente, abstenerse de promoverlo, en lo inmediato o en el futuro, a cualesquiera otras salas de esa Alta Corte.
En el documento, los abogados del magistrado indicaron que Luis Henry Molina actuó con “absoluta arbitrariedad y antijuridicidad”.
“No importando la inamovilidad del cargo, la independencia judicial y, como si fuera poco, aquellas garantías que forman parte del derecho fundamental a la buena administración (previsibilidad y certeza administrativa, ejercicio normativo del poder, buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica), en la Sesión núm. 7/2021 se produjo la conculcación del derecho del exponente, magistrado Moisés Alfredo Ferrer Landrón, de no ser removido sin su consentimiento como juez de la Tercera Sala de la Corte de Casación”, precisaron.
Manifestaron que el traslado de Ferrer Landrón se produjo no obstante su firme y categórica oposición, expresada a través de comunicaciones, así como actos de alguacil debidamente notificados al Pleno y a su presidente.
“Y esto supone llevarse de encuentro además otros principios cardinales del Estado Constitucional de Derecho: la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima”, sostuvieron los togados.
Explicaron que el traslado se produjo luego de que el magistrado Blas Fernández Gómez, antiguo miembro de la Primera Sala de la SCJ, resultó designado como representante de esa Alta Corte frente a al Consejo del Poder Judicial, quedando entonces una vacante que, que indicaron, debió ser cubierta por quien había estado ejerciendo esas funciones, es decir, la magistrada Nancy Salcedo.
Precisaron que pese a esto, “de manera abrupta y sorpresiva”, el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, anunció que las designaciones se realizarían de la siguiente manera: la magistrada Salcedo pasaría a ser miembro de la Tercera Sala; el juez Moisés Alfredo Ferrer Landrón, pasaría a formar parte de la Segunda Sala; y, además, la magistrada Vanessa Acosta, emigraría desde esa última hacia la Primera Sala.
“Lo anterior, honorables jueces, ante la negativa de la magistrada Nancy Salcedo de ocupar la vacante disponible en le Primera Sala —y su designio de ir a la Tercera Sala— y la voluntad de la magistrada Vanessa Acosta, jueza de la Segunda Sala, de ser trasladada a la Primera Sala”, indicaron los abogados de Ferrer Landrón a los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA) al interponer acción de amparo de extrema urgencia
El traslado del magistrado también ha generado rechazo por otros actores del sistema judicial.
