Jean Alain Rodríguez: de procurador a imputado por presunta corrupción

Jean Alain fue llevado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta que le conozcan medida de coerción. Jhonny Rostestán
La Pepca estableció que el exfuncionario y exempleados habrían sustraído millones de pesos de la Procuraduría

Jean Alain Rodríguez se habría aliado junto a varios de sus exempleados para defraudar al Estado y sustraer fondos millonarios de la Procuraduría General de la República (PGR), mediante la realización de distintas maniobras.

Pasó de ser exprocurador a imputado, de perseguidor a perseguido. Las indagatorias de los fiscales anticorrupción indican que Jean Alain y sus alegados cómplices incurrieron en acciones fraudulentas para encubrir sus actuaciones ilícitas.

Fueron varias las maniobras para distraer los millones de pesos, dice el Ministerio Público, que van desde aparentar realizar capacitaciones del personal, irregularidades en los procesos de compras, incluyendo las del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

Además, desvío de fondos a través de bienes incautados y decomisados, sobrevaluaciones para la compra de instrumentos, adulteración y formateo de data de información de departamentos administrativos y hasta utilizar fondos de la PGR para dar soporte a un movimiento de apoyo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del cual Jean Alain es miembro.

El exprocurador fue arrestado ayer en la sede de la entidad que dirigió durante cuatro años, en el gobierno del expresidente Danilo Medina. Llegó a las 11:52 de la mañana y a las 3:05 fue conducido hacia la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanece junto a otros acusados hasta tanto un juez le conozca medida de coerción.

Los otros implicados

Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría; Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la entidad; Rafael Mercede Marte, exencargado del Departamento de Contabilidad; Altagracia Guillén Calzado, pasada subdirectora administrativa; Javier Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información; Alfredo Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco y Jenny Marte Peña, fueron arrestados mediante la Operación Medusa, llevada a cabo con 38 allanamientos realizados el lunes.

Estos nueve imputados, contra quienes el Ministerio Público solicitará medida de coerción, están acusados de estafa contra el Estado, soborno, prevaricación, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos, asociación de malhechores y lavado de activos.

De acuerdo a las investigaciones de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), desde febrero del 2018 a junio 2020, se pagaron más de 18 millones de pesos a Miguel José de Moya, exasesor de la Procuraduría, para impartir talleres y seminarios de formación para el personal de la entidad, de los cuales, supuestamente no hay constancia de que verdaderamente se realizaron.

A menos de siete días de dejar el cargo, dice la Pepca, el exprocurador se coalicionó junto a Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la entidad, y Alejandro Rosa Llanes, exdirector de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público para emitir de manera ilegal un cheque desde la cuenta de la Procuraduría Especializada de Lavados de Activos por un valor de más 34 millones de pesos a favor de Fie Control Systems, SRL, bajo el supuesto de reembolso de gastos por penalidad incurrido por la referida empresa en la remodelación, terminación y costos asociados de un inmueble ubicado en Bella Vista.

En la solicitud de allanamiento que la Pepca hizo ante la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distinto Nacional, indica que para la emisión del cheque incurrieron en las maniobras fraudulentas siguientes: alteración, supresión y suplantación del contrato original de acuerdo de custodia y ocupación de bien inmueble.

Irregularidades Plan Humanización

Pero la cosa no solo se queda ahí, supuestamente el grupo realizó decenas de irregularidades en los procesos de compras, como por ejemplo, escoger las empresas que ganarían las licitaciones para, después, ellos mismos repartirse las ganancias.

Supuestamente, Rafael Mercede Marte, exencargado de Contabilidad, tenía la función de calcular y recoger cantidades en efectivo, que eran llevadas en bultos a su oficina y luego entregadas a Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector financiero. La Pepca, también destacó el pago de entidades para agilizar los pagos por parte de la Procuraduría por servicios prestados en la institución.

Cita el órgano investigador, que las irregularidades ocurrían en los procesos relativos al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en el cual, alegadamente, las empresas fueron escogidas de manera directa, existiendo una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas.

Supuestamente, a Alfredo Solano Augusto y a Jonnathan Rodríguez Imbert, les tocó lo referente a pozos sépticos del proyecto, mientras que Rafael Mercede Marte habría sacado provecho económico a través de la compra de uniformes.

Procuradora Germán se inhibe de investigación

Ayer, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, levantó un acta en la que deja constancia de su inhibición para conocer este proceso de investigación, que además, establece que se hicieron sobrevaluaciones para la adquisición de instrumentos para el área de antropología del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Fueron comprados, presuntamente, en un 59 % por encima de su valor real. Con el acta, Germán Brito empezó a tramitar su inhibición, la cual deberá ser conocida por el Consejo Superior del Ministerio Público. Las pesquisas también arrojaron que el mobiliario, equipos y materiales utilizados por el movimiento político Renovación, una plataforma de apoyo para el PLD (que era dirigido por Jean Alain antes de ser procurador) salieron de fondos de la Procuraduría y que además, presuntamente, hicieron uso de vehículos incautados para hacer trabajos de campaña política.

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