La revisión de la medida de coerción que pesa contra los imputados en el caso Coral no se conoció ayer como se tenía pautado, debido a que la jueza apoderada no puede conocer la audiencia de manera presencial.
La magistrada Keyla Pérez Santana, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, reenvió la vista para el 27 de agosto. Pretendía conocer la audiencia de manera virtual ya que padece de asma y sus médicos le recomendaron trabajar de esta forma hasta que se haya aplicado la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19.
Tras la suspensión, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que a medida que avanza la investigación, la situación penal del mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás implicados en el proceso se ha agravado mucho más.
El procurador adjunto informó que depositaron ante el tribunal, antes mencionando, que lleva el control del caso, nuevos presupuestos que han recolectado durante el desarrollo de las pesquisas, los cuales, aseguró, demuestran que el escenario de los imputados “es todavía más perjudicial, más complejo y más agravado que la condición que tenían en el momento de conocer la medida de coerción”.
Con esta revisión, Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); la pastora Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el sargento Alejandro Montero Cruz, buscan salir del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, donde llevan ya tres meses.
Al mayor Raúl Girón, también implicado en este caso, igualmente se le revisará la medida de coerción, de la cual estuvo de acuerdo con que se le imponga. El imputado admitió los cargos, está cumpliendo arresto domiciliario bajo custodia de la Procuraduría.
