La Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó la recusación que se le hizo a la jueza apoderada para conocer la medida de coerción  a los seis expolicías involucrados en la muerte a tiros de una pareja de esposos en Villa Altagracia.

En ese sentido, la jueza Sugeldi Rosario Mena, de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia, fijó para este viernes  a las 1:00 de la tarde, el conocimiento de la audiencia.

La recusación fue hecha por la defensa del exraso Antony Castro Pérez, pero los jueces Mateo Céspedes Martínez, Newton Alexis Pérez Nin y Luis Domingo Sención Araujo, integrantes de la Primera Sala de la de la Corte de Apelación de San Cristóbal, establecieron que no se había presentado ningún tipo de evidencia del por qué la jueza no podía conocer la medida.

También dijeron que los abogados de Castro Pérez tampoco presentaron evidencias a partir de las cuales se determine que la jueza tuviera prejuicio alguno con él o su proceso.

Los otros implicados son Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez Jiménez, Ángel de los Santos y Juan Samuel Ogando Solís.

El Ministerio Público informó que está preparado para el conocimiento de la medida de coerción donde solicitará la imposición de prisión preventiva y reiteró que cuenta con pruebas suficientes para lograr su envío a prisión. Además, pide que el caso se declare complejo.

Los exagentes policiales son imputados por la muerte de Eliza Muñoz Marte, de 32 años de edad, y su esposo Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35, así como por provocarle heridas al joven Claudio Alberto Ramírez Lamais, de 29 años.

De acuerdo a las pesquisas, al momento en que ocurrió el hecho, los tres se desplazaban por la Autopista Duarte, a la altura del Kilómetro 45, junto a Carlos José Pérez Báez, quien resultó ileso, en un carro marca Kia, modelo K5, color blanco. Fueron interceptados por la patrulla policial que la emprendió a tiros contra el vehículo, causándole la muerte a los esposos y las heridas a Ramírez Lamais.

Las víctimas se trasladaban hacia Santo Domingo, luego de participar en el cierre de una campaña religiosa en una iglesia evangélica del sector Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

La Fiscalía de Villa Altagracia, encabezada por su titular Fátima Sánchez Guzmán, afirmó que cuenta con un gran número de evidencias que comprometen la responsabilidad penal de los imputados en el hecho, que ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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