La decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Migración, durante un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.
El ministro de Interior y Policía; Jesús Vasquez Martínez, explicó que una vez vencido el plazo límite, todas las empresas o empleadores que requieran los servicios laborales de ciudadanos deberán contratarlos de conformidad con los parámetros legales establecidos en la norma migratoria y laboral República Dominicana.
La resolución también contempla ejecutar, una vez vencido el plazo, un régimen de sanciones aplicables a empresas y empleadores.
Las mismas van de 5 a 30 salarios mínimos «a quiénes contraten o proporcionen trabajo a ciudadanos extranjeros ilegales o no habilitado para trabajar en el país».
El ministerio Interior y Policía coordinará con el Ministerio Trabajo, a través de la vigilancia y cumplimiento de los artículos 135 del Código de Trabajo de la República Dominicana.
Estos establecen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empresa o empleador.
El Gobierno dijo que tomará todas las medidas necesarias en cumplimiento de la ley para evitar el ingreso a la República Dominicana de todo ciudadano o ciudadana de más extranjera que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas.
Esto, incluyendo mujeres que se encuentran en estado de gestación.
