FINJUS cree nuevo Código haría menos eficiente la persecución penal; hace algunas observaciones

Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó este jueves preocupación por algunas de las inclusiones realizadas al proyecto de nuevo Código Penal, que circula para la discusión en la Cámara de Diputados por entender que desnaturalizarán algunos principios e institutos universales del Derecho Penal.

Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó este jueves preocupación por algunas de las inclusiones realizadas al proyecto de nuevo Código Penal, que circula para la discusión en la Cámara de Diputados por entender que desnaturalizarán algunos principios e institutos universales del Derecho Penal y de la Constitución Dominicana. Considera que harían menos eficiente la persecución penal.

Entre las que citó la verificación en algunos de los nuevos tipos penales, donde se pretende prácticamente igualar la pena del autor del delito con la de sus cómplices.

De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, desde el punto de vista punitivo, desnaturaliza el nuevo régimen de autoría y participación que se había incorporado en los proyectos de nuevo Código Penal aprobados en 2014 y 2018.

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Además, observaron que se intenta eliminar la simultaneidad y proporcionalidad para configurar la presunción de la legítima defensa.

“La cual dejaría de existir como tal, y con ello las graves consecuencias que acarrearía prescindir de una causa de justificación que existe en todos los códigos penales modernos disminuyendo así la protección de los bienes jurídicos importantes como la vida y la integridad personal que requieren de su existencia como salvaguarda”, indica en un documento que le fue enviado a los presidentes de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados Congreso Nacional Ciudad, Alexis Jiménez.

De igual manera, manifestó que en el nuevo Código Penal se pretende incorporar una modalidad del cuestionado instituto penal norteamericano de «los tres golpes» (Three strikes), pretendiendo  que el juez imponga de manera obligatoria la prisión preventiva cuando el imputado ha sido sometido a la justicia por tercera vez, sin reparar en que se haya verificado condena alguna.

“Conviene revisar la propuesta de no aplicación de circunstancias atenuantes perturbaciones psíquicas parciales diagnosticadas y excusas legales- en materia de violencia de género y otras infracciones afines. Esto pudiese desvirtuar la finalidad de la pena en todo sistema de Derecho Penal, pues estaría retrotrayendo la normativa penal dominicana a la época anterior a la codificación napoleónica de principios del siglo XIX”, recomendó.

Agregó que se busca aplicar el cúmulo real de infracciones de modo automático para todas las infracciones mencionadas en el párrafo anterior, con lo cual, a su juicio, se distorsionaría un instituto que, como el del cúmulo de pena, en casos de concurso real de infracciones, se está introduciendo en el nuevo Código Penal en la forma en que aparece en la legislación comparada, así como en la doctrina y la jurisprudencia.

Entre las observaciones que citó FINJUS citó que se está pretendiendo restablecer el delito de usura con lo cual entiende se estaría penalizando la libertad que tienen las personas e instituciones financieras de negociar las tasas de interés, con lo cual no sólo se tendría que modificar la Ley Monetaria y Financiera, que es una ley orgánica, desestabilizando el sistema financiero nacional que opera con tasas activas y pasivas competitivas y de acuerdo a las demandas y ofertas del mercado de dinero.

“Debe revisarse el sentido que están pretendiendo crear respecto de los delitos contra la mujer y la violencia de género en orden a lograr una correcta tipificación de lo cual se estaba encaminado en las versiones anteriores”, añadió.

Aclaró que objetivo de esas reflexiones es continuar contribuyendo a la ponderación y análisis de esta iniciativa de ley en el seno del Congreso, así también en espera de que sean verificadas por la Comisión Consultiva que ha conformado el Poder Ejecutivo, a fin de que se logre un Código actual y diáfano, apegado a la normativa constitucional y en coherencia con el derecho penal moderno que responda de manera eficaz a la demanda actual de un Código que se ajuste a las nuevas dinámicas delictuales de la sociedad.

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