Tras ser sometido por supuestos actos de corrupción, el exprocurador Jean Alain Rodríguez estará recluido en una prisión y no una cualquiera, sino en una de las que mandó a ampliar hace dos años cuando era procurador general de la República.

Ayer, la jueza Kenya Romero dictó 18 meses de prisión preventiva contra Jean Alain, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y de Rehabilitación Najayo-Hombres, donde estará acompañado de Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la entidad; Javier Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información; y Alfredo Solano Augusto, quien fue subdirector financiero, también implicados en el caso Medusa.

Luego de escuchar durante tres maratónicas audiencias, las imputaciones presentadas por el Ministerio Público y los alegatos de los abogados defensores, Romero también impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país a Altagracia Guillén Calzado, pasada subdirectora administrativa; Rafael Mercede, exencargado del Departamento de Contabilidad, y Jenny Marte Peña, ingeniera encargada de construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

Mientras que para Miguel José Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría, dispuso una garantía economía de un millón de pesos mediante una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Las motivaciones de Romero, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, para imponer prisión preventiva contra el exprocurador se basaron en los parámetros de la existencia de riesgo de sustraerse del proceso debido al alto cargo público que desempeñaba.

Según la magistrada Romero, de tales funciones se “desprende posición de mando que pone en riesgo potencial la obstaculización de los medios de prueba”. Dijo que los arraigos sociales y patrimoniales ofertados permiten identificar facilidades para sustraerse del proceso.

Así se informó ayer mediante un comunicado de prensa remitido por el Poder Judicial, tras conocerse la audiencia a puertas cerradas, sin acceso a la prensa, donde Romero precisó que en el caso de Forteza Ibarra, “se desprende riesgo para los medios de prueba vinculados a su expertiz de técnico en el área de tecnologías de la información”.

Las otras motivaciones

Respecto a Rodríguez Imbert y Solano Augusto, la jueza motivó que estos poseen las facilidades de sustraerse del proceso, situación que pondría en riesgo los medios de pruebas durante el desarrollo del mismo.

En el caso de Guillén Calzado, Mercede Marte y Marte Peña, tomó en cuenta que no representan un riesgo en la investigación o los medios de prueba, ya que su acceso resulta precario, por lo que es posible se puedan presentar al proceso.

Con relación a José Moya, consideró que es una persona identificable en los registros públicos y no representa una obstaculización de los medios de prueba.

Romero también declaró como complejo este caso de corrupción.
Una vez sea entregada a las autoridades penitenciarias la resolución donde se hace constar la decisión de la magistrada, Jean Alain y los otros tres imputados que tienen prisión preventiva, serán trasladados hacia la cárcel Najayo-Hombres y los demás comenzarán también a cumplir sus respectivas medidas de coerción.

Cargos que pesan contra imputados

De acuerdo a las investigaciones de la de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Jean Alain y sus alegados cómplices malversaron millones de pesos de la Procuraduría General de la República (PGR) sin ningún reparo y para que no fueran descubiertos después del cambio de Gobierno, en la transición incineraron documentos, desaparecieron cientos de evidencias y eliminaron las principales fuentes de información.

El grupo, supuestamente estafó al Estado por más de 6 mil millones de pesos, y además de esto, son acusados de soborno, prevaricación, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos, asociación de malhechores y lavado de activos.

Las pesquisas indican que fueron varias las maniobras que utilizaron los imputados para poder distraer los millones de pesos.

Reynoso dice someterán a otros implicados

La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, anunció ayer que someterán a la justicia a más personas implicadas en el caso Medusa, luego de que la jueza diera a conocer su decisión. Reynoso, quien es directora de Persecución del Ministerio Público, explicó que han surgido “nuevos y graves” cargos, los cuales, precisó, en los próximos días el Ministerio Público irá agregando a la presentación de solicitud de medida de coerción en la etapa procesal correspondiente. “Este es una investigación abierta”, dijo. Al ser preguntada sobre la decisión de la jueza de imponer prisión preventiva contra Jean Alain y tres más, y, además, dictarles otras medidas a otros cuatro implicados, Reynoso dijo que valoran este fallo. “Entendemos que la magistrada, en su decisión, motivó que es un caso fundamentado en pruebas, que el Ministerio Público lo acreditó, y con relación a aquellos que no otorgó la prisión preventiva es por ella entender que no tenían los riesgos procesales y el peligro de fuga, en ningún caso por insuficiencia probatoria”, sostuvo. Aseguró que el compromiso del Ministerio Público es presentarle a la sociedad casos fuertes. “Y en este proceso ha sido coherente esa actuación”, agregó la procurada adjunta.

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