El Defensor del Pueblo presentó el nuevo modelo de gestión institucional basado en los principios de transparencia, accesibilidad, independencia y eficiencia.

Al exhibir los resultados de sus primeros 30 días en el cargo, Pablo Ulloa destacó la resolución de unos 20 casos de un centenar de denuncias recibidas en ese tiempo sobre violación de derechos colectivos.

“Casos tan visibles como el apresamiento ilegal de un ciudadano en Licey al Medio o como el derecho a la propiedad de un grupo de parceleros de Villa Mella”, sostuvo.

La reforma institucional, como le llama el funcionario, está orientada en la transformación de los servicios. Contempla la definición de procesos, nuevo organigrama, aumento de los controles internos, renovación de la línea gráfica y la implementación de un software para contabilidad y finanzas.

El nuevo modelo de gestión se elaboró con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Asimismo, se efectuaron acciones de cara a mejorar el clima laboral para fortalecer el compromiso institucional. En ese sentido, se ascendió al primer empleado del Defensor del Pueblo y se entregó el pago de bono por desempeño correspondiente al año 2019.

En ese orden, se implementó un incentivo trimestral para los abogados por casos resueltos, se corrigieron distorsiones salariales a los fines de lograr mayor eficiencia en los recursos y reconocer el rol de cada empleado.

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