El coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, era el principal cerebro financiero en el entramado societario que tenía el general Adán Cáceres para el lavado de activos provenientes de actos de corrupción, así lo revela el Ministerio Público en la solicitud de coerción.
En el documento el órgano acusador, explica que a través de diferentes modalidades como son la constitución de empresas por pastora Rossy Guzmán, quien formó Único Real State, a mediante la cual adquirió un apartamento ubicado en Balcones del Atlántico, Las Terrenas Samaná.
“Ese apartamento aparece con un supuesto préstamo que realizó el coimputado Raúl Girón, pero todo es una operación de lavado de activos”, expresa el MP.
Le recomendamos leer:
- Adán Cáceres y Rossy Guzmán: una sociedad de camuflaje
- Usaron el nombre de Dios para cubrir “corrupción”
- ¿Cómo funcionaba el entramado militar-policial y religioso creado por los imputados en el caso Coral?
Las autoridades sostienen que tras iniciar las investigaciones se trató de encubrir el apartamento en referencia en una supuesta acta de asamblea del 21 de diciembre del 2020, con el cual los implicados buscaban traspasar el inmueble a Vicente Girón de la Cruz, residente en Estados Unidos.
Destaca además que tanto Guzmán como Núñez de Aza le lavaban al imputado mayor General Adán Cáceres, las casas, a través de empresas y terceras personas.
“Además de las decenas de evidencias que pesan en su contra, no es difícil establecer que la bonanza económica que demuestra la imputada Guzmán río se corresponde con sus ingresos lícitos y ni siquiera con su real modesto estilo de vida, ya que incluso tiene bienes a sus nombres que ni siquiera pudo decir al Ministerio Público su ubicación o cuantos le costaron” enfatiza.
Los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez De Aza, formaron un entramado societario, que se pone de manifiesto en las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor.
El coimputado Rafael Núñez de Aza, coronel activo de la Policía Nacional, es socio, financiero y administrador de bienes de Adán Benoni Cáceres Silvestre.
De acuerdo con el documento, De Aza ingresó a la Policía Nacional el 01 de marzo del 2007 y desde ese momento fue designado por Adán Cáceres como jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y nombrado encargado del Departamento Financiero de ese órgano con un salario de 70 mil pesos.
“Fungía como Gerente Financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, devengando un especialismo por dicha institución de setenta y tres mil quinientos diecisiete pesos con cero seis centavos (DOP$73,517.06), ocupando ambas funciones, a la vez, por un período de 8 años”, detalla.
El coimputado ascendió de forma vertiginosa en las filas policiales, siendo promovido el 16 de agosto del 2012 al rango de mayor, con menos de 5 meses en el rango de capitán.
Posteriormente, en fecha 01 de marzo del 2016 fue ascendido a teniente coronel y en fecha 01 de marzo del 2020 a coronel, llegando a dicho rango con solo 13 años en las filas militares.
«La permanencia de Rafael Núñez de Aza como Encargado Financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, le permitía al imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre mantener un control discrecional y poco estricto de los fondos que administraba, los cuales ascendieron a tres mil millones pesos durante los ochos años de gestión, según se evidencia en la certificación núm. 1920 del 8 de diciembre del 2020, emitida por la Dirección General de Presupuesto», explica.
De acuerdo con la certificación de No. 00133, emitida por la Tesorería Nacional, en fecha 29 marzo del 2021, indica que el imputado Rafael Núñez de Aza. Desde el año 2004 hasta el año 2021, un monto de 15 mil millones de pesos en diferentes instituciones, de las cuales podemos resaltar Ejército de la República Dominicana, Cuerpo Especializado de Seguridad turísticas. Policía Nacional, y CUSEP (a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia).
