La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, conocerá en breve la audiencia de medida de coerción contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y los tres detenidos en la Operación Coral.
Contra el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), la líder religiosa, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón, el Ministerio Público solicitó que se les imponga prisión preventiva por considerar que es la medida idónea para salvaguardar el desarrollo de la investigación.
Los imputados están siendo ingresados a la sala de audiencias custodiados por agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).
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El Ministerio Público, además, piden que se declare el caso de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados y a la gravedad de los hechos.
Al grupo, apresado el pasado sábado, se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo a las investigaciones que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del patrimonio público.
Para crear la red criminal, y desviar el dinero público, Cáceres Silvestre supuestamente constituyó un entramado junto a la pastora Rossy, quien era, además, asimilada de la Policía Nacional y los demás imputados para distraer dinero del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
El desvío de los fondos, indican las pesquisas, consistía en lo siguiente: distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia.
