Viena, 4 dic (EFE).- El exministro de Finanzas de Austria Karl-Heinz Grasser fue condenado este viernes a ocho años de cárcel por malversación de fondos, cohecho y falsificación de pruebas, en uno de los mayores juicios por corrupción en la historia del país centroeuropeo.
En su dictamen de primera instancia, un tribunal de Viena lo halló culpable en varios puntos de la acusación tras un proceso judicial que arrancó hace tres años.
Junto a Grasser fueron condenados otros dos hombres, entre ellos un antiguo secretario general del partido ultranacionalista FPÖ, del que Grasser también era militante durante la mayor parte de su carrera política.
En el centro del juicio estaba la venta aparentemente manipulada de la sociedad de viviendas sociales BUWOG en 2004.
Según la sentencia, Grasser, responsable de Finanzas entre 2000 y 2007, abusó de su función política, violó los intereses de la propiedad e incumplió sus obligaciones como funcionario público.
La fiscalía afirmó que el exministro, de hoy 51 años de edad, devaluó la mayor venta de viviendas públicas en la historia de Austria, en una licitación en la que sólo se aceptaron dos ofertas.
Unos 60.000 apartamentos se vendieron por 961 millones de euros, es decir, a 16.020 euros por apartamento, o 594 euros por metro cuadrado, precios muy inferiores a los del mercado.
Por ello, Grasser y sus cómplices recibieron de los ganadores de la licitación, la sociedad Immofinanz/RLB, una comisión del 1 % del valor, o sea, unos 9,6 millones de euros.
«Se trata de un acuerdo de comisión encubierta del gobernante Grasser a expensas de la República de Austria», sentenció la jueza, para quien está claro que Immofinanz/RLB recibió información privilegiada, lo que le permitió convertirse en el mejor postor, con una diferencia de apenas 1 millón de euros.
«Sé que soy inocente», aseguró ante la prensa el propio Grasser -casado con una heredera del imperio cristalero Swarovski- tras dictarse el veredicto, que será apelado por su abogado.
Si se confirma la sentencia, el exministro no solo deberá ir a la cárcel sino que deberá devolver al Estado la suma de la comisión que habría cobrado. EFE
