La jueza de segunda instancia Isis Muñiz será la encargada de decir si la magistada Kenya Romero podrá conocer la medida de coerción de los imputados en el caso Coral 5G o si por el contrario se designa a otro en su lugar.
Muñiz, quien cumple funciones en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue apoderada para resolver la recusación que se presentó contra Romero, situación que mantiene paralizada desde hace casi una semana la audiencia de medida de coerción del general Juan Carlos Torres Robiou y los demás implicados en este caso de corrupción.
El pasado martes, la jueza Romero fue recusada por los abogados del general Julio Camilo de los Santos Viola alegando que está predispuesta pues en mayo conoció la coerción a los encartados del caso Coral (del se desprende este), e impuso prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres y otros cuatro procesados.
De acuerdo al Código Procesal Penal, una vez lq Corte de Apelación recibe la documentación de la recusación deberá resolverlo dentro de tres días.
La normativa indica, además, que la decisión del tribunal de alzada no podrá ser recurrida.
Sobre la recusación, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que lo único que puede conseguir la defenda de De Los Santos Viola es una dilación innecesaria del proceso..
«Está perdiendo algo de vista, pueden retrasar, pero la fuerza de la verdad los va a perseguir, los va a perseguir por una razón elemental: cada afirmación que hace el Ministerio Público en este proceso está probada más de 10 veces”, afirmó el martes el procurador adjunto.
En este caso de corrupción en entidades castrenses están imputados los generales Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista, así como al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez y al mayor José Manuel Rosario Pirón. Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, el empresario Félix Ramos Ovalle y la gerente bancaria Esmeralda Ortega Polanco.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
