Ciudad de Panamá – Los presidentes de República Dominicana, Costa Rica, y Panamá,  propusieron a la comunidad internacional una serie de acciones urgentes en Haití.

Las mismas buscan lograr el desarme, la creación de empleos y la recuperación de las cuencas hidrográficas del vecino país.

En esta reunión, participó el presidente Luis Abinader por República Dominicana y sus homólogos, Laurentino Cortizo Cohen, de Panamá, y Carlos Alvarado Quezada, de Costa Rica.

Entre las acciones que proponen los mandatarios mediante una Declaración Conjunta de los presidentes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, está el desarme y pacificación de la población de Haití.

De igual manera,  fortalecimiento de la seguridad, como preámbulo para la celebración de elecciones libres y transparentes en pro del bienestar de su pueblo.

De igual forma, un plan integral para el desarrollo y construcción de infraestructura pública que genere empleos masivos y mejore la calidad de vida de la población haitiana.

Del mismo modo, proponen un financiamiento de un programa comunitario para recuperar las cuencas, reforestar y restaurar los ecosistemas, entre otros.

Este programa también contribuirá a la creación de empleos.

La Declaración Conjunta insta también a la comunidad internacional a presentar, con el apoyo de organismos internacionales, tales como la CEPAL y el PNUD, un plan de desarrollo integral y sostenible para Haití.

Precisa que “declaramos nuestra intención de profundizar esta alianza como una instancia que, a través del diálogo político, la cooperación y el comercio, busca promover el desarrollo sostenible, verde resiliente e inclusivo de nuestros países, sobre la base de nuestro compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y el respeto y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión, los cuales continuaremos defendiendo”, indica el documento.

Respecto a Nicaragua, expresa su profunda preocupación ante la crítica situación y el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.

“Coincidimos en que el desarrollo electoral, al día de hoy, no reúnen las garantías para elecciones libres, justas, inclusivas y transparentes”.

Expresa que este ambiente erosiona la credibilidad y la confianza en las elecciones que tendrán lugar el próximo 7 de noviembre.

Asimismo, manifiestan que en la región se debe redoblar esfuerzos conjuntos tendientes a eliminar toda amenaza a la democracia y el Estado de Derecho.

Para así consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos, como lo indica el Protocolo de Tegucigalpa.

 

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