Santiago. El alcalde Abel Martínez y su equipo político reclamaron de la Procuraduría General de la República y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, explicar el allanamiento a una vivienda que funciona como oficina política.

El local allanado está ubicado en la calle 2, esquina D, en el residencial El Paraíso, en la parte norte de la ciudad, donde la orden de allanamiento establecía la captura de dos hombres identificados como Amílcar Rafael Soto Candelario y Carlos Edelmiro Rosó Peña. Los exmilitares Rosó Peña y Soto Candelario, son vinculados al tráfico de drogas, violación a la ley 631-16 sobre armas, municiones y relacionados. La orden de allanamiento fue emitida por el juez Cirilo Salomón Sánchez, juez de turno de la Oficina de Servicio de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, a solicitud del procurador fiscal David Barrera, adscrito al Departamento de Drogas Narcóticas de la Fiscalía de Santiago.

Reacciones

El alcalde Abel Martínez, quien también es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, calificó como un atropello y abuso sin límites el allanamiento a la vivienda. “Este no es el país al que yo aspiro. Yo prefiero pensar que es un error. Ahora bien, a ellos se les aclaró que la campaña política de Abel Martínez despacha desde ahí desde hace 15 años”, explicó el propio Martínez a los comunicadores de Santiago.

La Fiscalía de Santiago aclaró que el allanamiento que realizaban el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas iba dirigido contra dos personas que supuestamente tenían acceso a esa vivienda. El alcalde explicó que al lugar al que entraron había paja de gallina (gallinácea), que parece que la confundieron como pacas de drogas. Dijo que la casa que fue allanada es la 52, y la vivienda que indica el allanamiento es la número 50. Martínez recibió el apoyo del vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, quien pidió aclarar el hecho. Consideró que para hacer un allanamiento se deben tener pruebas irrevocables en contra de un perseguido, ya que luego de producirse, ocasiona un daño moral difícil de resarcir. Dijo que la bancada del PLD hizo una resolución emplazando tanto a la Procuraduría General de la República como al director de la Policía para que respondan ante el Congreso sobre esos atropellos.

En momentos en que el fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez, informaba a los medios que dicha orden fue emitida por un juez, un seguidor de Martínez que empezó a vociferar que se trataba de un abuso, fue apresado por los agentes de la DNCD.
Núñez informó que se ocuparon dos armas largas y varias pistolas durante un allanamiento. En el momento en que era detenido el individuo identificado como Orlando Rosario, otro grupo intentó quitárselo a la fuerza a las autoridades, desatando una trifulca. Rosario fue liberado horas después.

“En el caso del compañero Abel Martínez nos solidarizamos con la preocupación que está manifestando”, precisó Gustavo Sánchez, quien estaba presente en la rueda de prensa encabezada por Abel Martínez, quien calificó de abuso y atropello el allanamiento a la vivienda usada como oficina política en los últimos 15 años.

Al lugar se presentó Fernando Ramírez, vocero del alcalde; el diputado peledeísta Mayobanex Martínez, hermano del alcalde; y Rafael Ceballos, consultor jurídico del Ayuntamiento, quienes calificaron el operativo y apresamiento como un abuso y una actitud de intolerancia. Dijeron que se trata de una intención marcada de hacer daño contra Abel Mar.

Ayer, la Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al fiscal de Santiago información sobre el allanamiento realizado la mañana de este viernes en una vivienda de la urbanización El Paraíso, en la que operan oficinas del alcalde de esa ciudad. El inspector Juan Medina de los Santos dijo que el fiscal José Francisco Núñez adelantó que intervino en el allanamiento como parte de una investigación en la que participan la Dirección de Inteligencia Contra el Tráfico de Drogas para el Consumo Interno y la división Santiago de la DNCD.

Implicado se pone a disposición de la justicia

Al mediodía de ayer viernes, el abogado de Amílcar Soto Candelario, uno de los hombres buscados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Fiscalía de Santiago, informó que su defendido se puso a disposición del organismo antinarcóticos. El jurista José Sosa, quien se presentó junto a Soto Candelario en las oficinas de CDN canal 37, en Multimedios el Caribe, indicó que su cliente se enteró que era buscado por las autoridades al ver su nombre figurar en los medios de comunicación junto al de Carlos Edelmiro Rossó Peña. Indicó que tras abandonar la milicia, se encuentra radicado en Canadá, donde labora en el sector de la construcción, por lo que desconoce las acusaciones que se hacen en su contra. la otra persona implicada aún no ha dado la cara.

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