La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) presentó este viernes ante a la Procuraduría General de la República una denuncia sobre ventas irregulares de miles de seguros de salud que le cuestan a la entidad mensualmente unos 54 millones de pesos.

El titular de la TSS, Henry Sahdalá Dumit, se reunió con la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, quien se comprometió a investigar y profundizar el expediente que detallan unos 15 casos de este tipo y que involucra a decenas de empresas.

Sahdalá Dumit explicó que con la clave de acceso que se le asigna a un empleado específico de las empresas se han estado haciendo inscripciones irregulares.

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Informó que estas acciones fraudulentas le cuestan a la entidad en un solo mes aproximadamente 54 millones de pesos que dejan de recibir y entonces tienen que buscarlo para pagar a los que sí están cotizando en la Seguridad Social.

El funcionario precisó que esta situación tiene varios meses, quizás uno o dos años, pero que están esperando tener la comisión de empresas autónomas descentralizadas y con personalidad jurídica para hacer estos sometimientos.

Sahdalá Dumit explicó que en estas irregularidades hay algunas instituciones de gobiernos locales que están involucradas, entre estas juntas y distritos municipales.

Advirtió que hay otros casos que están trabajado y presentarán más adelante, pero que por el momento, para no entorpecer las investigaciones, no pueden dar detalles.

“La parte financiera del sistema de seguridad social le ha afectado mucho, estamos hablando de estos 15 pero hay más, entonces, mientras más expedientes aparezcan más grande es el fraude que se está haciendo”, dijo Sahdalá Dumit.

“Esperemos que no se lleve al colapso, esperamos que se le ponga fin a esto por eso estamos iniciando esta gestión en el día de hoy y esperamos que sirva de ejemplo para todos que la TSS está procediendo contra este tipo de manipulación y de prácticas, que es ilegal totalmente”, manifestó.

El titular de la TSS y los abogados de la entidad depositaron los expedientes ante la Secretaría General del Ministerio Público quien tramitará los documentos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que es dirigida por Wilson Camacho.

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